sábado, marzo 22

Los eurodiputados trimestre acaban con los “pasaportes dorados” | Sugerencias

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El nuevo informe del pe insta a la UE a prohibir la venta de “ciudadanía por inversión” y regular el régimen de “residencia por inversión”. Estos programas conceden la ciudadanía europea o el permiso de residencia a ciudadanos de terceros países a cambio de una inversión.

“El listón de lo que se Consideró una inversión ha sido demasiado bajo durante demasiado tiempo la autora del informe, la eurodiputada holandesa Sophie in ‘t Veld, del grupo Renew Europe.

Los regímenes de ciudadanía y residencia por inversión se caracterizan por unos requisitos de presencia física mínima o nulos y la posibilidad de obtener la residencia o la ciudadanía por la “vía rápida” en un Estado miembro, en comparación con los canales convencionales. Una vez concedido su nuevo estatus de residencia o ciudadanía, los beneficiarios pueden disfrutar inmediatamente de la libertad de circulación en el espacio Schengen.

El informe de la Comisión de Libertades Civiles señala que los programas que ofrecen derechos de ciudadanía a cambio de una inversión plantean problemas éticos, legales y económicos.

En la actualidad, Malta, Bulgaria y Chipre son los tres países de la UE que cuentan con regímenes de ciudadanía por inversión. El Gobierno búlgaro, sin embargo, ha presentado una legislación para ponerle fin y Chipre solo tramita las solicitudes presentadas antes de noviembre de 2020. Doce Estados miembros, entre ellos España, cuentan en la actualidad con programas de concesión de la residencia a cambio de inversión , los lamados “visados ​​dorados”. Los niveles mínimos de inversión oscilan entre 60.000 y 1.250.000 euros.

Al menos 130.000 personas, según y estudio del Parlamento Europeose ha beneficiado de los pasaportes y visados ​​dorados en la UE y ha generado más de 21.800 millones de euros en ingresos para los países afectados entre 2011 y 2019.

Amenazas a la seguridad

El informe señala que la existencia de sistemas de pasaporte a cambio de una inversión afecta a todos los países de la UE porque la decisión de un Estado miembro de conceder el documento otorga automáticamente derechos en relación con otros países. Incluye la libertad de circulación, el derecho a votar y presentarse como candidato en las elecciones locales y europeas, así como el derecho a acceder al mercado único para ejercer actividades económicas.

Estos regímenes, señalan los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, pueden tener consecuencias graves en otros países de la UE, relacionados con la corrupción, blanqueo de capitales, amenazas a la seguridad, evasión tax, presión sobre el sector real estate y erosión de la integridad del mercado interior.

El informe advierte de que los Estados miembros no siempre consultan las bases de datos de la Unión para realizar comprobaciones de los antecedentes personales de los solicitantes de los programas ni intercambiar información sobre el resultado de dichos controles, lo que conlleva a que algunos países acepten a solicitantes de ciudadanía que no cumplen con los requisitos de seguridad.

“La falta de control hizo que se extendiera la alfombra roja para la corrupción y el blanqueo de dinero. Personas sospechosas pagaron grandes sumas de dinero para obtener el acceso a la UE la corrupción. Los periodistas que han investigado a algunas de las personas que entraban se han enfrentado a veces a graves consecuencias”, Cube in ‘t Veld. “En más de un sentido, toda Europa soporta la carga de prácticas que benefician marginalmente a algunos gobiernos”, explica

La Comisión inició procedimientos de infracción contra Chipre y Malta en 2020 en relación con sus regímenes de residencia por inversión. El informe pide a la Comisión que avance en esos procedimientos.

Rusia

Con la invasión rusa de Ucrania, estos regímenes están aún más en el centro de atención. “El Kremlin lleva mucho tiempo pensando que puede comprar su entrada en Europa en el próximo gas ruso”, tuteo la semana pasada la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En una resolución adoptada el 1 de marzo, los eurodiputados exigen que los países de la UE que cuentan con estos mecanismos revisados ​​todos los beneficiarios y revoquen los atribuidos a rusos ricos, especialmente los vinculados a personas y empresas sancionadas. El Parlamento debatirá el informe el lunes en Estrasburgo y lo votará el martes.



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