Castración química: La solución contra los depredadores sexuales

La castración química es la opción que numerosos países están eligiendo para tratar a los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales cuando estos salen de la cárcel.

Castración química VS depredadores sexuales

A diferencia de la castración quirúrgica, en la que los testículos se extirpan a través de una incisión en el escroto. La castración química se realiza con medicamentos que anulan la libido y el apetito sexual, aunque sus efectos desaparecen si no se administran.

En 2016, Amnistía Internacional dijo que la castración química forzada es un “incumplimiento de la prohibición de la tortura” y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional.

Se utilizan medicamentos como Depo-Provera y Depo-Lupron que ayudan a controlar algunos trastornos sexuales. Estos fármacos deben administrarse cada tres meses para mantener sus efectos. Actúan en el cerebro controlando la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionados con la excitación sexual y producción de semen.

Lugares en los que se aprueba

California es el primer estado americano en aprobar la castración química, en 1996, a condenados por delitos de pedofilia. En Estados Unidos también la aplican Alabama, Oregon, Texas, Wisconsin, Florida, Georgia, Iowa y Luisiana.

Polonia fue el primer país europeo en aprobar la castración química en 2009, Moldavia y Estonia también la aplican. En Ucrania es legal desde Julio de 2019. En 2018, el exministro Salvini propuso un debate para legalizar la castración química en Italia. “Las bestias que violan merecen castigos ejemplares y, como en otros países europeos, la aplicación de la castración química“, afirmó Salvini a medios locales.

España y otros países europeos aplican la castración química previa petición de la persona que comete este tipo de delitos. En 2013, Alejandro Martínez Singul fue el primero en someterse a este tipo de tratamientos. Lo hizo meses antes de cumplir su pena en prisión.

En Perú se aprobó en 2018 como complemento a penas privativas de la libertad: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua. Se impondrá como medida complementaria la castración química cuando el juez lo estime pertinente”.

En Indonesia, con el mandato del presidente Joko Widodo, se implementó una serie de castigos agresivos contra quienes son condenados por abusar sexualmente de niños. El presidente introdujo las leyes por decreto de emergencia diciendo: “un crimen extraordinario merece una respuesta excepcional”. Los pedófilos condenados se enfrentan una serie de castigos que van desde la castración hasta la ejecución por pena de muerte.

Numerosos países lo descartan porque algunas investigaciones ponen en duda su eficacia a la hora de reducir los delitos sexuales y su aplicación supone asumir los altos costos económicos que genera.

Otras investigaciones dicen que este método reduce la reincidencia de los agresores sexuales del 50% al 7%. La gran mayoría de agresores sexuales reconoce que es incapaz de controlar sus impulsos y que la castración química les “ayuda” a controlarse.

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