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- La Comisión Europea multó a Scania con 880 millones de euros en 2017 por participar junto con las otras cinco marcas en el cartel de fabricantes europeos de camiones, lo que fue confirmado por el TPI el pasado mes de febrero y el recurso interpuesto desestimó su etiqueta por parte de la marca.
- Sin embargo, Scania decide quemar su último cartucho “por desesperación” y finalmente ha decidido apelar, evitando que los transportistas que compraron camiones de esta marca reclamen los costes adicionales que aplicaban en su momento.
Como ya adelantó FENADISMER el pasado mes de febrero, tras conocerse la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea contra la sanción de 880 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Scania en 2017, era de esperar que finalmente tomara contacto con autoridades superiores. en un intento desesperado por evitar las graves consecuencias económicas que la multa tendrá sobre su situación financiera y las posibles reclamaciones a las que se puede enfrentar.
Por ello, el pasado viernes 8 de abril quemó “sus últimos cartuchos judiciales” ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, interponiendo el correspondiente recurso, que tras su decisión, en caso de nuevo rechazo, abrirá definitivamente el proceso judicial. . para que todos los afectados que hayan adquirido un vehículo de esta marca o alguno de los otros cinco fabricantes implicados en el cártel de camiones que aún no lo hayan hecho puedan reclamar los daños y perjuicios correspondientes por responsabilidad solidaria la acción conjunta de los fabricantes a convenir los recargos por la venta de camiones en toda Europa durante la vigencia del cartel, que afectaron a unos 10 millones de camiones, de los cuales unos 200.000 fueron camiones comprados en España
Se recuerda que la sanción impuesta a Scania fue la de mayor cuantía económica impuesta por la Comisión Europea a las marcas implicadas en el cartel europeo, superando las multas impuestas a cada uno de los otros cinco fabricantes europeos implicados en el cartel (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo), todos motivados por demostrar que durante más de 14 años, de 1997 a 2011, acordaron fijar los precios de venta de estos vehículos en perjuicio de sus clientes, esencialmente transportistas, y deliberadamente retrasó el lanzamiento al mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos, lo que se tradujo en una multa total récord de casi 4.000 millones de euros entre todas las marcas.
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