El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de la Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Estas dos normas, así como la futura ley de eficiencia digital, constituyen los pilares del Plan Justicia 2030.
La titular de Justicia, Pilar Llop, ha declarado que serán los ejes de cohesión social y territorial, para que todo ciudadano pueda acceder fácilmente al servicio público de justicia con independencia del territorio en el que resida: “Sobre estas bases estamos construyendo un servicio público verdaderamente universal, accesible, moderno, eficiente, ágil y sostenible”.
Llop sostuvo que el objetivo del Gobierno es acercar las instituciones judiciales a los ciudadanos y facilitar su acceso a los tribunales, no solo en las grandes ciudades, sino también en los pequeños municipios, así como evitar acudir a la justicia cuando hay una disputa o conflicto entre las partes.
eficacia de la organización
Foto: Piscina Moncloa/Fernando CalvoLa nueva Ley de Eficacia Organizativa contribuirá a llenar vacíos en el acceso público a la justicia y fortalecerá el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para la ministra, contribuirá a superar las barreras territoriales y tecnológicas, de entendimiento, de generación y de salud: “Los órganos judiciales deben ser vistos como motores del desarrollo humano, social y económico, nunca como obstáculos a ese desarrollo”.
La norma se basa en tres figuras: los Juzgados de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia de los municipios.
Pilar Llop ha aclarado que habrá un juzgado de paz en cada partido judicial con sede en la capital, del que tomará su nombre, pero los juzgados se quedan donde están: “Lo que pasa es que ahora se van a juntar, van a evolucionar a magistrados”. ‘tribunales”.
Así, los 3.600 juzgados de primera instancia se convertirán en 341 juzgados de paz en toda España. “Estos grandes órganos colegiados estarán apoyados en una oficina judicial, lo que permitirá que no haya justicia a distintas velocidades en un mismo territorio”, precisó el ministro.
Por otra parte, se completará el proceso de creación de la Oficina Judicial, que será una ventanilla única para el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Asimismo, Pilar Llop ha explicado que los más de 7.000 jueces de paz existentes evolucionarán a sedes judiciales municipales, que estarán dotadas de los recursos tecnológicos necesarios para que cualquier ciudadano pueda realizar los trámites que necesite sin tener que desplazarse largas distancias. En estas oficinas pueden tener lugar juicios telemáticos, actuaciones judiciales o conexiones por videoconferencia con colegios profesionales.
Eficiencia procesal
La ley de eficacia procesal pretende racionalizar la actividad de la justicia a nivel estructural, para facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.
El Ministro destacó que se habilitarán los medios adecuados para la resolución de controversias. Las partes contendientes pueden decidir de buena fe resolver la disputa por su propia cuenta o contar con la intervención de un tercero neutral. “No solo se regulará expresamente la mediación, no así la conciliación, la oferta confidencial vinculante, el asesoramiento de expertos independientes y la negociación directa entre las partes”, ha argumentado Llop.
Las medidas previstas en la norma, a juicio de la ministra, contribuirán a descongestionar los juzgados y serán un instrumento de negociación y democratización: “Las soluciones serán mucho más ajustadas a las necesidades de las partes, pero también más flexibles que una sentencia o una resolución judicial”.
Procedimiento de evaluación de la edad
En el ámbito de la Justicia, el Gobierno también ha analizado la Proyecto de ley que regula el procedimiento de determinación de la edad. El objetivo de la norma es que la autoridad judicial pueda determinar si una persona es mayor de edad cuando, por falta de documentos, existan dudas al respecto.
Pilar Llop ha afirmado que con esta medida el Ejecutivo da “un salto adelante para garantizar la dignidad de cualquier joven que llegue a España con o sin papeles porque se acabarán todas las pruebas invasivas para determinar su edad”.
En ese sentido, el Ministro aclaró que no se permitirá la desnudez total, las revisiones ginecológicas o cualquier otra prueba que atente contra la dignidad de los jóvenes.
El procedimiento de determinación de la edad deja de tener carácter administrativo y pasa a ser un procedimiento exclusivamente judicial, mucho “más garantizado, ágil y simplificado”, según explica Llop. Puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de menores, por el menor o por la persona interesada. El interesado será oído e informado y tendrá derecho a asistencia letrada gratuita aunque disponga de recursos suficientes para emprender acciones judiciales.
El Ministro aclaró que el procedimiento se resolverá en un plazo máximo de 25 días mediante sentencia que se inscribirá en el registro del estado civil y producirá todos sus efectos en el ámbito público y privado.
Iniciativas contra los delitos económicos y de odio y para mejorar los derechos de los presos
Foto: Piscina Moncloa/Fernando CalvoEl Consejo de Ministros aprobó tres iniciativas relativas a las competencias del Ministerio del Interior: la Proyecto de ley orgánica sobre normas para facilitar el uso de la información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o persecución de infracciones penales; la Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario de 1996, y el II Plan de acción para combatir los delitos de odio y las conductas discriminatorias 2022-2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la nueva ley orgánica, que ahora se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, mejorará “la labor de la policía en la lucha contra la delincuencia organizada” al facilitar a las Fuerzas Operativas y Cuerpos de Seguridad del Estado acceso directo e inmediato al Fichero de Propiedad Financiera y a la información y análisis del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Por otro lado, la modificación del Reglamento Penitenciario permitirá a los presos utilizar herramientas tecnológicas como las videollamadas en sus comunicaciones con el exterior, “facilitando así el ejercicio de sus derechos”, ha precisado la ministra.
Sobre el II Plan de Acción para la Lucha contra los Delitos de Odio y las Conductas Discriminatorias, Grande-Marlaska ha señalado que sus dos objetivos principales son mejorar la prevención, la investigación y la actuación policial, y ofrecer ayuda, asesoramiento y apoyo a las víctimas.
Entre las 86 medidas que contiene, el Plan prevé la creación de grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información del Cuerpo Nacional de Policía, así como en la Dirección General de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas. . Esta medida fue criado en septiembre pasado en la Comisión de Seguimiento del I Plan de Acción para la Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021, que se reunió bajo la presidencia del Director General, Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska expresó su preocupación por el aumento de los delitos de odio en los últimos años, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Precisamente en nuestro país, detalló, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio en 2021 frente a los 1.272 de 2016, lo que supone un incremento del 41,6% en 5 años: “Son números que, por sí solos, describen una criminal grave. fenómeno, más si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes”.
La ministra ha subrayado la necesidad de “frenar esta tendencia al alza que muestran las estadísticas y reducir el fenómeno del subregistro para evitar que estas conductas que nos atacan a todos queden impunes”.
Estabilización del empleo en la función docente
Foto: Piscina Moncloa/Fernando CalvoEl Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se modifican las Normas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Su objeto es la adaptación, al ámbito educativo, de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la tasa actual de temporalidad del profesorado ronda el 23% y es motivo de preocupación no solo para los funcionarios sino también para las familias, ya que el alumnado sufre de continuos cambios de personal, especialmente en las zonas rurales.
Se regulan dos procesos de estabilización de empleo, de conformidad con la ley. La primera, por concurso-concurso, consistirá en la regularización de los cargos ocupados temporalmente durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2021. La segunda será por concurso de méritos y por una sola vez para los cargos ocupados temporalmente antes del 1 de diciembre de 2016.
Reparación de daños por tormentas en la costa sur y este
El ejecutivo ha acordado destinar cerca de 12,4 millones de euros para actuaciones de emergencia para reparar los daños causados por los temporales de viento y lluvia del pasado mes de marzo y principios de abril en las costas de las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Valencia, Alicante y Murcia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta cantidad será revisable en el plazo de dos meses.
Isabel Rodríguez ha destacado el compromiso del Gobierno con la protección y conservación de los recursos naturales y el dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de espacios para la actividad turística en la próxima campaña de verano: “El Gobierno examinará si es necesario, en el plazo de dos meses, para valorar tales daño”.
158 millones para desarrollo rural
El Gobierno ha autorizado el reparto territorial entre las comunidades autónomas de 158,21 millones de euros para programas de desarrollo rural. Esta distribución será puesta a consideración de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
El portavoz recordó que estos programas cuentan con financiación europea y permiten, entre otras cosas, actuaciones para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, crear empleo, realizar una gestión sostenible de los recursos naturales y avanzar en el desarrollo equilibrado de las zonas rurales.
negocios en curso
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz habló de los efectos positivos que tiene la Semana Santa en el sector turístico.
Según las previsiones del Gobierno, los españoles están viajando más por España que en 2019, el año anterior a la pandemia. Al respecto, Isabel Rodríguez indicó que las reservas de vuelos son un 7% superiores.
Además, España es uno de los destinos más populares del mundo. Los vuelos internacionales alcanzan el 87% de los de 2019 y se estima que este mes se recupere el 80% de los turistas internacionales que han visitado España por estas fechas. Algunos destinos, como Ibiza, superan las reservas realizadas en este momento.
En cuanto a la seguridad vial en esta Semana Santa, en la que se prevén 8,4 millones de viajes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió a los conductores precaución, atención a las normas de circulación y límites de velocidad, y uso del cinturón y otros abrochamientos sistemas: “Si nos protegemos, protegemos a los demás”, subrayó.