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La Ley de la Cadena del Transporte: una regulación urgente y necesaria para la futura viabilidad del tráfico rodado
Lo ocurrido en este sector y en España en las últimas semanas de marzo es el resultado de políticas de transporte inadecuadas llevadas a cabo por los sucesivos funcionarios que han presidido el Ministerio de Transportes durante las últimas dos décadas. Y es que, tradicionalmente, ni el Ministerio de Economía, ni los cargadores, ni las grandes empresas de transporte se han interesado en avanzar en un mercado como el del transporte, que se ha desvirtuado hasta límites insoportables de constante abuso y sometimiento. Tanto es así que se han violado sistemáticamente las reglas que rigen la libre competencia en el mercado, pues se ha protegido a algunos grandes empresarios, la mayoría de los cuales no podían sobrevivir con su propio negocio, sino que buscaban su supervivencia y basaban su rentabilidad en la derivación de su ineficiencia. de los directamente inferiores, o mediante el dumping social y fiscal mediante la subcontratación a terceros países.
Sin embargo, esta situación podría corregirse con el cambio de postura del Gobierno español durante la tramitación del paquete de movilidad, pasando de un inicialmente incomprensible apoyo a los postulados de los países de Europa del Este en la anterior legislatura a una postura de apoyo a los intereses del tejido empresarial español en la presente legislatura, lo que ha permitido aprobar tres años después el paquete con las medidas oportunas para combatir la competencia desleal de las empresas de transporte asentadas artificialmente en países con menores costes laborales y fiscales pero que operan en nuestro país.
Un nuevo hecho relevante para nuestro sector se produjo el pasado mes de diciembre con el acuerdo sobre medidas para la sostenibilidad del sector del transporte, firmado entre el Ministerio de Transportes y las asociaciones que integran el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que posteriormente entró en vigor en marzo Real Decreto-Ley. Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania y sus repercusiones en el resto de Europa, así como el aumento desorbitado de los precios de los combustibles, pusieron de manifiesto la ineficaz falta de respuesta del gobierno y las asociaciones, que no supieron reaccionar con rapidez, introduciendo medidas tan sencillas y racionales como aquellas, que el transporte debe ser pagado por quien lo contrata y el transportista, cualquiera que sea su margen de beneficio, debe recibir la compensación adecuada para cubrir sus gastos.
Todo ello generó las circunstancias necesarias para que el paro de transportes, originalmente convocado por otros motivos, tuviera importantes repercusiones ya que los brutales aumentos de costos de las empresas de transporte no pudieron ser repercutidos por falta de regulación que protegiera las normas económicas que sustentan el mercado libre Hay que tener en cuenta que hasta hace unas semanas gran parte de las asociaciones que integran el Comité Nacional de Transportes rechazaban la posibilidad de adoptar una normativa sobre los “costes mínimos” en nuestro sector, que afortunadamente ahora se acepta como una para la regulación del Sector medida esencial.
Es lamentable que los principales operadores de transporte estén participando en la tender Los cargadores asumen condiciones abusivas, que luego tienen que compensar subcontratando una gran proporción a otros transportistas en condiciones aún más abusivas. Además, realizan otra gran parte del transporte contratado con sus propias empresas buzones cuyos costes de explotación son muy inferiores, lo que genera una competencia desleal, dando lugar a un mercado de transporte totalmente sesgado a la baja con precios de todo tipo. abusivo y ruinoso para el resto de los transportistas.
Desplazar el foco de esta distorsión culpando a los transportistas, que son el último eslabón de la cadena contractual, de tal atomización no solo es injusta sino también insegura dada la propia configuración empresarial en juego en nuestro Sector que ha permitido que el transporte por carretera español tome segundo lugar en el ranking europeo, solo por detrás de la flota polaca.
Por tanto, es positivo que el actual gobierno se comprometa a atajar el problema de fondo aprobando una ley similar a la de la cadena alimentaria del agricultor, prohibiendo la venta a pérdida y regulando la cadena de subcontratación. Además, ya contamos con herramientas en nuestro sector que pueden ayudar a hacer efectiva esta ley, ya que contamos con observatorios de costos para diferentes clases de vehículos desde hace más de 20 años, que fue uno de los objetivos por los que mi asociación luchó activamente hasta su aprobación. tiene, ya que nos permite conocer el coste medio y calcular el coste mínimo que tiene cada transportista a la hora de contratar con su cliente.
Estamos pues en un momento esperanzador, pero con la preocupación de que si en un futuro próximo se produce otro momento convulso con las consiguientes pérdidas millonarias que la explotación oportunista de este momento desde la Pereza deriva de no haber actuado a tiempo.
Por ello, es de fundamental importancia aprobar cuanto antes la Ley de la Cadena de Transporte, tal y como prometió el Gobierno en los acuerdos de marzo pasado, que establece la prohibición de vender a pérdida para todas estas empresas de transporte mediante un régimen sancionador que presta un servicio de transporte, y completa así el resto de medidas legales sancionadoras adoptadas en los dos últimos años, como el régimen sancionador para combatir la morosidad, la prohibición de la participación de los conductores en las tareas de carga y descarga y el control de las empresas subcontratadas , trabajo en nuestro país. El cumplimiento también exige que los servicios de inspección en estas áreas de este mercado actúen de oficio para restablecer el orden en un sector que ha sido abandonado y maltratado durante décadas.
Desgraciadamente, este régimen sancionador no ha podido hacerse efectivo con motivo de la aplicación de la cláusula de revisión de los incrementos del coste de los combustibles en las tarifas de transporte, lo que puede exponer su aplicación a un mercado deteriorado, por lo que la nueva medida estructural que ahora se ha conseguido exige que se tramite de urgencia por Real Decreto-ley (el gobierno ha promulgado más de ciento veinte en los dos últimos años). Después de todo, el plazo de un proyecto de ley puede incluso extenderse por años antes de su aprobación final, quedando así expuesto al riesgo de revueltas más o menos oportunistas o estrategias de intereses partidistas que descontrolan la economía de todo el estado. e incluso nuestro propio régimen democrático.
Se fue Julio Villaescusa
Presidente de FENADISMER
Asignaturas:
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