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El embargo de las dietas agrava la escasez de conductores profesionales

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  • La falta de conductores profesionales para cubrir las necesidades de las empresas de transporte es un problema creciente tanto en España como en el resto de Europa, que requiere la implicación de las administraciones públicas para contrarrestar esta situación.
  • Sin embargo, con la frecuencia cada vez mayor de embargos por parte de las administraciones públicas de las bonificaciones a los conductores contratados cada día, esta situación se agrava, por lo que las asociaciones de empresas de transporte reclaman la revisión de este criterio para ayudar a invertir esta tendencia de creciente escasez en el próximos años.

En los últimos años, FENADISMER ha analizado con preocupación la creciente escasez de conductores profesionales a nivel nacional para cubrir las vacantes que ofrecen las empresas de transporte españolas. Así, según diversos estudios sobre la situación del empleo en nuestro país, el porcentaje de empresas del sector del transporte que tienen dificultades para cubrir las vacantes sería superior al 20%, estimándose que habría más de 15.000 vacantes por falta de candidatos disponibles. permanecen vacantes, tal y como se menciona expresamente en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 2/2022 de medidas para la sostenibilidad del transporte, aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, señalando además que esta situación se agravará en la próxima década dada la edad media actual de gente trabajadora.

Este problema no es solo en España sino también en otros países europeos y del resto del mundo, la escasez de conductores es especialmente relevante, motivada por muchos factores como el alto coste económico para acceder a esta profesión, la dureza de la actividad y la Ejercer condiciones de trabajo que hagan poco atractivo este trabajo. Sin embargo, FENADISMER considera que, a pesar de la alta tasa de desempleo en nuestro país, que ronda el 20%, ni el sector público ni el privado están tomando iniciativas para paliar esta situación, con el riesgo de que la normalidad se vea comprometida en un futuro no muy lejano. Desarrollo de cadenas de suministro de bienes y productos tanto para la industria como para la población en general.

Prueba de ello es que, en los últimos años, las administraciones tributarias y de la seguridad social han obligado cada vez más a las empresas de transporte a retener el 100% de sus bonificaciones al embargar a sus conductores contratados. Si la empresa no realiza embargos estrictamente como lo ordena la administración (retener el 100% de la dieta), lo reclamará a la empresa y se convertirá en deudor por no aplicar el embargo requerido, ya que se considerará solidaria y solidariamente y responde solidariamente del pago de las deudas a que se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, Código General Tributario.

Al tratarse de gastos que derivan de su trabajo, el embargo total de las dietas tiene como consecuencia inmediata que los conductores dejen de encontrar interesante el empleo continuado, que es antieconómico al tener que cubrir los gastos con sus propios fondos. de su actividad laboral, lo que conlleva el cese inmediato del trabajo, con el consiguiente procedimiento de despido, lo que conlleva costes adicionales para el empresario y el consiguiente agravamiento de la escasez de conductores que sufre actualmente el sector del transporte a causa de la autopista.

A pesar de la petición oficial de las asociaciones que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera de reconsiderar esta posición restrictiva y fundamentarla en la jurisprudencia favorable a limitar esta posibilidad de embargo, en la práctica las administraciones públicas continúan limitando sus medidas en todos los casos. generalizar sin considerar el daño hecho al sector. Tal es el caso de la respuesta que dio recientemente la Caja del Seguro Social al señalarlo Las dietas representan derechos de crédito del trabajador frente al empleador, al que se transfiere el procedimiento de embargo de créditos y derechos sin que les sean aplicables los límites de no atribución, por no tener la condición de salario.

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