Dos alcaldes de Puerto Rico acusados ​​de aceptar sobornos | USAO-PR

WASHINGTON — Un gran jurado federal en San Juan, Puerto Rico, emitió ayer una acusación acusando a Javier García-Pérez, alcalde de Aguas Buenas, de conspiración y extorsión. En una acusación separada, el alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas-Rodríguez, también fue acusado de conspiración y extorsión.

Según documentos judiciales, Javier García-Pérez, de 46 años, de Aguas Buenas, estuvo involucrado en un complot de soborno en el que recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios de 2017 a 2021 a cambio de otorgar contratos municipales de servicios de gestión de residuos. Trabajos de asfaltado y pavimentación, así como desescombrado y pago de las facturas pendientes de los contratos. La acusación formal alega que García-Pérez recibió al menos $32,000 en pagos en efectivo de los dos empresarios desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021.

Una segunda acusación presentada ayer alega que Reinaldo Vargas-Rodríguez, de 48 años, de Humacao, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de ganar contratos de disposición de residuos municipales de enero a julio de 2021 y asfalto y obras de pavimentación, así como para pagar las facturas pendientes de los contratos. La acusación formal alega que Vargas-Rodríguez recibió al menos $15,000 en pagos en efectivo de los dos empresarios desde el 18 de marzo de 2021 hasta el 15 de abril de 2021.

Si son declarados culpables de todos los cargos, García-Pérez y Vargas-Rodríguez enfrentan un máximo de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Director Asistente Luis M. Quesada del Departamento de Investigación Criminal del FBI hicieron el anuncio.

La investigación fue realizada por la oficina local del FBI en San Juan.

Están a cargo de la acusación en los casos el Abogado Litigante Nicholas W. Cannon de la División de Integridad Pública de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Scott H. Anderson para el Distrito de Puerto Rico.

Los casos son parte del esfuerzo continuo del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de funcionarios comunitarios en Puerto Rico. Además de los asuntos anteriores, el Departamento de Integridad Pública y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico obtuvieron recientemente condenas contra otros ex oficiales y contratistas en el Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales. Ver Estados Unidos vs Luis Arroyo-Chiques21-485 (SCC); Estados Unidos vs Eduardo Cintrón-Suárez22-151 (CCS); Estados Unidos vs. Félix Delgado-Montalvo21-463 (RAM); Estados Unidos vs. Oscar Santamaría-Torres21-464 (RAM); Estados Unidos vs. Raymond Rodríguez21-465 (RAM).

Además, el departamento recientemente presentó cargos contra varios exfuncionarios y contratistas por soborno relacionado con contratos municipales, y esos casos aún están pendientes. Ver Estados Unidos vs Mario Villegas-Vargas21-468 (FAB); Estados Unidos vs. Ángel Pérez-Otero21-474 (ADC); y Estados Unidos vs. Radamés Benítez-Cardona21-475 (PAD).

Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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