El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidadosen el que se invertirán más de 800 millones de euros hasta 2026. La iniciativa se enmarca dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia y ha sido presentado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que se trata de un proyecto estratégico único en la Unión Europea, vinculado al Plan de Acción Europeo para la Economía que lidera la comisaria de Empleo y Derechos Sociales. , Nicolás Schmit.
El PERTE gira en torno a dos objetivos generales: la promoción y desarrollo de la Economía Social y el fortalecimiento y transformación de los servicios en el ámbito asistencial, para que sean accesibles y centrados en las personas. Un tercer objetivo, de carácter estratégico, es la creación de un hub de vanguardia para concentrar y difundir el conocimiento con las entidades que integran este modelo económico.
Economía Social
La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Piscina de Moncloa/Fernando Calvo)
Díaz recordó que la economía social representa el 10% del producto interior bruto, emplea a más de 2.200.000 personas y engloba a más de 43.000 empresas. La iniciativa cuenta con fondos Next Generation y se sitúa en el centro de la acción pública, ya que en ella participan 13 ministerios con el objetivo de impulsar políticas que permitan su extensión.
“Vamos a poner en marcha la Economía Social. Queremos hacer de España un referente de la Economía Social en el mundo y en la Unión Europea”, afirmó el vicepresidente segundo.
Según ella, este tipo de economía es “unida, resiliente, pone en el centro a las personas, es feminista por excelencia y nos ha demostrado que, en las crisis, coopera y es mucho más inclusiva que la economía convencional”. Asimismo, Díaz ha señalado que “la población se ancla en los despoblados, especialmente en las zonas rurales, y apuesta por la sostenibilidad, la economía circular, la economía verde y la economía azul”.
El PERTE incluye iniciativas de redimensionamiento de empresas en sus diferentes formas jurídicas, en particular cooperativas, para asegurar la viabilidad de su actividad, mejorar su competitividad y mantener el empleo. Además, persigue la internacionalización de estas empresas.
revolución del cuidado
Yolanda Díaz añadió que la gran revolución inminente de este siglo es la “revolución del cuidado”, sobre todo desde el punto de vista del envejecimiento.
En ese sentido, el Vicepresidente expuso las líneas de acción del PERTE, que contemplan la profesionalización del sector salud y adicciones para brindar a las personas una mejor calidad de vida. Además del alojamiento, se hablará de nuevas fórmulas demandadas por la gente, como la ayuda a domicilio o la creación de viviendas colaborativas.
Por otro lado, el proyecto mejora la oferta de servicios sociales y educativos en las zonas rurales para hacer frente al éxodo rural. Promueve la educación y formación digital, crea una herramienta digital que facilita el contacto entre consumidores y productores para la venta y distribución de productos agroalimentarios en los mercados locales y promueve la igualdad de género.
La vicepresidenta defendió que se trata de una BAJA única, solidaria, feminista y duradera, que se completará con tres cambios normativos: una nueva ley de Economía Social, otra de cooperativas y una tercera de inserción de empresas.
ley de servicio al cliente
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno ha accedido a llevar a los tribunales el Proyecto de Ley de Atención al Cliente, cuyo objetivo es facilitar a los consumidores el ejercicio de sus derechos con las empresas que han contratado de una forma más rápida, sencilla y con mejores garantías.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó que la atención al cliente es fundamental en la relación con los consumidores, pero lamentó que, hasta el momento, el pleno ejercicio del derecho a ser asistido por las empresas se haya visto obstaculizado en demasiadas ocasiones por laberintos administrativos o tiempos de espera. .
“Muchos se desesperan ante una llamada al servicio de atención al cliente o cuando se encuentran con serias dificultades para darse de baja de un servicio, lo que implica un enorme gasto de energía, tiempo y dinero que muchas veces termina renunciando al derecho efectivo a la atención al cliente”, explicó. .
La nueva norma, prosiguió, establecerá una base de protección válida para todas las relaciones contractuales en nuestro país en materia de consumo y tendrá un gran impacto social en la vida cotidiana de las personas.
La futura ley concierne a todas las empresas públicas y privadas que ofrecen servicios básicos como el suministro de energía eléctrica, gas y agua, transporte de pasajeros, servicios postales, financieros y de comunicación audiovisual con acceso condicionado y pago, comunicaciones electrónicas y telefónicas. También, sea del sector que sea, a los que tengan más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros.
Todas estas empresas deberán disponer de un servicio de atención al público cuyo horario corresponda, al menos, a su horario de apertura, si bien las empresas de servicios básicos deberán garantizarlo las 24 horas del día, todos los días del año.
Las infracciones leves de las disposiciones de la ley pueden dar lugar a la imposición de sanciones que oscilan entre 150 y 10.000 euros o entre 2 y 4 veces el beneficio ilícito obtenido. Si son graves, la sanción puede alcanzar los 100.000 euros, o de 4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido.
Extensión de los derechos del consumidor
El ministro ha destacado algunos de los principales aspectos del texto, como el plazo de resolución de reclamaciones, quejas e incidencias presentadas ante la empresa, que no podrá ser nunca superior a 15 días y que, en el caso de servicios básicos, será de dos Horas. Del mismo modo, no se puede interrumpir ningún suministro mientras esté en curso un desastre.
En cuanto a los tiempos de espera de las llamadas telefónicas a los servicios de información general, reclamación y postventa, se establece que el máximo será de 3 minutos. Las empresas deben garantizar que el 95% de las llamadas anuales recibidas sean atendidas en este plazo.
Queda prohibido el uso exclusivo de sistemas robóticos de atención al cliente, y si un consumidor solicita ser atendido por una persona, las empresas tendrán que atender esa solicitud. Además, deben disponer de recursos para atender específicamente a personas mayores o con algún tipo de discapacidad, por ejemplo ofreciéndoles servicios de mensajería instantánea o sistemas de interpretación de lengua de signos.
Asimismo, durante una llamada realizada al teléfono de atención al cliente, que deberá ser libre, no se permitirá transferirla a un número de teléfono de pago.
Finalmente, el servicio de atención al cliente de la empresa debe estar separado de otros como el departamento de marketing, para evitar que durante una comunicación se ofrezcan nuevos servicios al consumidor: “El canal de atención al cliente está específicamente destinado a atender al cliente y no a realizar nuevos servicios”. contratos”, subrayó Garzón.
Nueva ley de cooperación al desarrollo
La Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Piscina de Moncloa/Fernando Calvo)
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad mundial, que ahora se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Le texte met à jour la loi actuelle sur la coopération internationale pour le développement, qui date de 1998, et l’adapte aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 et de l’Accord de Paris sur le changement climatique, Entre otros.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que la normativa mejorará el sistema de cooperación gracias a la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), un nuevo estatuto de cooperante y la previsión de desarrollo normativo de la cooperación y la subvención reglamentos También se mejorarán los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores, como las comunidades autónomas, las entidades locales, la sociedad civil o el sector privado.
El compromiso de España de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030 tendrá valor legal. Rodríguez señaló que también se estipulará que el 10% de toda la ayuda de cooperación se reservará para ayuda humanitaria.
32 millones para ONG
La portavoz reconoció el papel de las ONG como canales de solidaridad para la sociedad civil española y explicó que el Consejo de Ministros autorizó a la AECID a convocar subvenciones para estas organizaciones por valor de 32 millones de euros.
Reglamento del Registro Nacional de Instrucciones Previas
El gobierno ha modificado el reglamento del Registro Nacional de Instrucciones Preliminares y el correspondiente fichero automatizado de datos personales donde se recogen los documentos de instrucciones previas, instrucciones previas o documentos equivalentes, a que se refiere la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia.
El ministro lo calificó como un procedimiento normativo “técnico” pero importante para garantizar el ejercicio del derecho a una muerte digna en nuestro país.
Distribución de los fondos del plan de recuperación a las comunidades autónomas
Isabel Rodríguez explicó brevemente tres acuerdos del Consejo de Ministros sobre la distribución de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En primer lugar, el Ejecutivo ha autorizado la distribución de cerca de 400 millones de euros para renovar el equipamiento de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (SNS) a través del “Plan de Inversiones en Equipamiento de Alta Tecnología (INVEAT) del SNS”.
Rodríguez destacó la importancia de sustituir equipos obsoletos u obsoletos por tecnología de nueva generación que puede ser determinante en la detección precoz de enfermedades especialmente dañinas como las oncológicas o las enfermedades raras.
Además, el Gobierno distribuirá 90 millones de euros a las comunidades autónomas para actividades de recuperación de la biodiversidad y el paisaje en zonas afectadas por la minería.
Finalmente, se destinarán 200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la lucha contra la pobreza infantil y la atención de las personas más vulnerables.