El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley que incluye la acuerdo entre gobierno, sindicatos y empleadores el pasado 23 de diciembre para reforma estructural del mercado laboral.
La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió que la reforma es “un acuerdo de país” porque se pactó con los agentes sociales, integra a los trabajadores de todas las generaciones y recupera los derechos que han perdido en años recientes.
Díaz ha añadido que la norma “pasa página sobre el empleo precario en España”, rompe los contratos indeseados y mejora la calidad del trabajo, lo que repercutirá en la mejora de las pensiones públicas.
Medidas principales
La negociación colectiva
Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl estándar recupera la ultraactividad de forma indefinida. Las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán vigentes después de la finalización expresa de su vigencia.
Se deroga el predominio salarial del convenio de empresa sobre los demás convenios. Yolanda Díaz indicó que solo se podría aplicar en el caso de que el contratista o la empresa subcontratante tuvieran un acuerdo propio que mejorara las condiciones en el sector.
El contrato ordinario es el contrato indefinido
El vicepresidente ha subrayado que el contrato ordinario en España es el contrato de duración indefinida y que el contrato de trabajo o de servicios desaparece: “Vamos hacia un contrato temporal único en el que recuperamos la causalidad, que debe estar profundamente motivada y acotada”. .
Díaz explicó que solo existe un contrato de duración determinada, que se puede concluir por las circunstancias de la producción o por sustitución del trabajador.
Por otro lado, el vicepresidente destacó que si las empresas cometen algún tipo de irregularidad contractual con el trabajador, éste pasará a formar parte de la plantilla de forma permanente. Además, las sanciones e infracciones comerciales están individualizadas y ascenderán a un máximo de 10.000 euros por cada trabajador afectado.
Contratos de construcción y contratos de duración determinada
En el sector de la construcción, los contratos laborales se vuelven indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, debe trasladar a sus trabajadores a otra u ofrecerles formación o recalificación.
Yolanda Díaz también destacó que los contratos de duración determinada-discontinuos tienen los mismos derechos de protección social que el resto de contratos.
Contratos de formación
Los contratos de formación tienen dos modalidades: la formación trabajo-estudio y la obtención de la práctica profesional.
El primero se puede organizar con personas de cualquier edad, excepto en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con un límite máximo de 30 años y una duración máxima de dos años. La retribución se adecuará al convenio y no podrá ser inferior al 60% el primer año, y al 75% el segundo año, y nunca será inferior al Salario Mínimo Interprofesional proporcional a la jornada laboral.
Los contratos para la obtención de la práctica profesional pueden celebrarse hasta por tres años después de obtener la certificación y tendrán una duración de entre seis meses y un año.
Administraciones públicas y mercado de valores
El vicepresidente ha destacado que el personal que accede a las administraciones públicas mediante procesos selectivos no puede ser despedido. Además, anunció que el gobierno y los agentes sociales desarrollarán el estado de las becas. Asimismo, se aplicará un plan de salud laboral específico para menores.
Poner fin a las disfunciones del mercado laboral
Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl consejero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que la reforma laboral tiene como objetivo acabar con las disfunciones existentes en el mercado laboral.
La primera disfunción es que España tiene tasas de paro muy elevadas debido al desajuste entre la oferta del mercado laboral y la formación de los trabajadores. La reforma, dijo el ministro, enfatiza la capacitación dentro de la empresa y brinda incentivos públicos para que las empresas inviertan en capacitación.
“Debemos abandonar la idea de que España debe competir mediante la devaluación de los salarios. No. Debe trabajar con trabajadores más calificados y con mayor capital humano”, señaló Escrivá.
La segunda disfunción es la precariedad. Para evitarlo, el ministro dijo que la nueva norma desalienta los contratos temporales.
El uso excesivo del despido es la tercera disfunción, como señaló el Ministro. Escrivá afirmó que “el despido debe ser la última opción” porque durante la pandemia se ha demostrado la utilidad de los Registros Reguladores de Trabajo Temporal (ERTES), consensuado con los trabajadores sociales.
José Luis Escrivá explicó que la reforma laboral simplifica los trámites para que las empresas puedan beneficiarse de la ERTE. Los ERTE por motivos económicos, técnicos, organizativos y productivos (ETOP) introducen cambios para facilitar su procesamiento y aplicación en las pequeñas y medianas empresas. Además de la aplicación de ERTE por fuerza mayor, existe el impedimento o limitación a la actividad normal de la empresa por decisiones de la autoridad gubernamental.
Por otro lado, la norma contempla el mecanismo RED de flexibilización y estabilización del empleo, que debe ser activado por el Consejo de Ministros, y que traslada al mercado laboral lo que se aplica durante la pandemia para proteger los ingresos salariales y el tejido productivo en el caso de una perturbación externa.
El ministro también se refirió a la ERTE sectorial: “Esto puede ocurrir en ciertos sectores, debido a la necesidad de una reestructuración, un cambio tecnológico, una situación de transición en la que es necesario proteger el tejido productivo y a los trabajadores. E intentar que el despido sea , nuevamente, el último recurso. Y así, hemos desarrollado el sector ERTE, además del ERTE cíclico y la empresa ERTES ”.
La cuarta disfunción, citada por el ministro, es la incertidumbre producida por la precariedad y el desempleo, atenuada por el acuerdo realizado con los agentes sociales.
Fortaleza y legitimidad del acuerdo
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez, destacó la solidez y legitimidad del acuerdo: “Los agentes económicos y sindicales han cumplido el mandato constitucional de garantizar el interés económico y social.
Yolanda Díaz y José Luis Escrivá también agradecieron la labor de los agentes sociales y los equipos técnicos de los ministerios, su generosidad y su dedicación a lo largo de las negociaciones.
Plan estratégico de la PAC 2023-2027
Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentó al Consejo de Ministros el Plan estratégico para la aplicación de la política agrícola común (PAC), que el gobierno enviará mañana a la Comisión Europea para su aprobación.
Planas recordó que la PAC es un instrumento de apoyo a los agricultores y ganaderos para la producción de alimentos y bebidas y para afrontar los grandes retos de todo el sector primario, el sector agroalimentario y el mundo rural.
El plan está dotado con 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si sumamos las aportaciones estatales y autonómicas. Además, cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ministra ha destacado que la distribución de los fondos de la PAC será más equilibrada y justa, a diferencia de ocasiones anteriores en las que solo se aplicaba la normativa europea. Con este objetivo, las regiones de pago pasarán de 50 actualmente a 20: “Se introduce el pago redistributivo, por primera vez, para apoyar a los pequeños y medianos agricultores”.
Luis Planas también ha subrayado que se trata de una “PAC más verde, que respete mejor el medio ambiente y contribuya a la lucha contra el cambio climático”. Incluye fondos para suelos, agua, biodiversidad, conservación del paisaje y apoyo a la agricultura orgánica.
Además, es una PAC más social porque promueve el relevo generacional en las zonas rurales. En este sentido, Planas recordó que dos de cada tres agricultores y ganaderos se jubilarán pronto y que el futuro del medio ambiente depende de la integración de los jóvenes. Asimismo, la ministra argumentó que la igualdad de género es un elemento clave para el gobierno: “Fuimos pioneros, junto con el Parlamento Europeo, en definir el objetivo de igualdad en la próxima Política Agrícola Común. Unión Europea y, en consecuencia, vamos a conceder una bonificación del 15% de las ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos ”.
Planas subrayó que la futura PAC también fomenta la innovación y la digitalización, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones.
Actualización de la estrategia de seguridad nacional
Foto: Piscina Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl portavoz del ejecutivo indicó que el Consejo de Ministros revisó la estrategia de seguridad nacional aprobada en 2017 para adaptarlo al contexto actual marcado por las consecuencias del COVID, la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica y una mayor competencia geopolítica
Las nuevas acciones incluyen la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla, la creación de una agencia espacial española con un componente dedicado a la seguridad nacional o la integración de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) . .
Otros convenios
Isabel Rodríguez también se refirió a la presentación del informe sobre el Plan de Actuación de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 15 de diciembre.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para el año 2022 y ha modificó el reglamento de planificación hidrológica.
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