
El Consejo de Ministros ha aprobado dos convocatorias por un importe total de casi 100 millones de euros para financiar la ciencia como parte del compromiso del Gobierno de conseguir un país más productivo y democrático a través del conocimiento, según ha informado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Está científicamente demostrado – afirmó Morant – que los países con mayores niveles y mejor financiación de la investigación y de la innovación también tienen mayores tasas de desarrollo, bienestar y democracia. Los avances científicos “se traducen en soluciones para los ciudadanos como vacunas, medicamentos, energías limpias y sistemas de trabajo menos burocráticos”, sugirió.
La ministra también ha destacado los beneficios que la inversión en ciencia aporta al empleo y la estabilidad laboral. En el caso de España, uno de cada cinco nuevos empleos se crea en los sectores de ciencia, innovación y digitalización. Además, el porcentaje de empleo permanente supera el 75% en las actividades profesionales, científicas y técnicas, y en estas áreas el nivel de empleo temporal cae más marcadamente que en el resto.
Financiación estable de los centros de excelencia
En primer lugar, el comité ejecutivo ha acordado destinar 76 millones de euros a los call center a la excelencia ‘Severo Ochoa’ y a las unidades de excelencia ‘María de Maeztu’.
La responsable de Ciencia, Innovación y Universidades ha destacado que se trata de la mayor aportación realizada a este puesto desde que se creó en 2011 y que la inversión se ha más que duplicado desde 2018. También ha apuntado que estos fondos no son adictos a Plan de recuperación, transformación y resiliencia porque provienen exclusivamente del presupuesto estatal. “Incluso con un presupuesto ampliado, seguimos teniendo la capacidad de hacer este compromiso sin precedentes con la ciencia y la innovación precisamente porque ya estábamos trabajando con un presupuesto fantástico el año pasado”, señaló.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Piscina Moncloa/José Manuel Álvarez
La convocatoria tiene una doble vertiente: por un lado, acredita la excelencia de los centros; Por otro lado, les proporciona una financiación estructural que alcanza los 4,5 millones de euros en cuatro años para los centros ‘Severo Ochoa’ y los 2,25 millones de euros en el mismo periodo para las unidades ‘María de Maeztu’.
Esta forma de financiar la ciencia aporta estabilidad y seguridad, que se refleja en ámbitos como el empleo, la internacionalización, la protección industrial de los resultados científicos, la apuesta por el talento joven investigador y la divulgación, como defiende Diana Morant. La ministra ha señalado que, según los centros “Severo Ochoa” y las propias unidades “María de Maeztu”, gracias a esta convocatoria se ha incrementado el personal investigador, las publicaciones científicas, las tesis, las patentes solicitadas y las empresas creadas.
El lanzamiento de esta nueva convocatoria también ha permitido reducir la burocracia tanto en la presentación de solicitudes como en el proceso de evaluación.
Promoción de empresas tecnológicas innovadoras
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado Centro para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (CDTI) lanzamiento Convocatoria de este año del programa Neotecpor un importe de 20 millones de euros.
Diana Morant ha recordado que este programa Financia la creación de empresas tecnológicas con llamada de crecimiento, que creen empleo de calidad, introduzcan tecnologías disruptivas en el mercado y transformen positivamente su entorno. Por ejemplo, el programa ha contribuido al desarrollo del primer exoesqueleto pediátrico del mundo. “Se trata de proyectos y empresas que normalmente no obtendrían financiación en los mercados tradicionales”, indicó el responsable de Ciencia.
Las empresas ganadoras recibirán 250.000 euros, que se incrementarán hasta 325.000 euros si contratan a un médico, una forma de favorecer la incorporación de los investigadores al entorno empresarial privado.
Informe sobre la memoria democrática
El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su aparición en las comunidades autónomas. Asimismo, ha examinado las posibles actuaciones a raíz de las propuestas de algunas comunidades autónomas para suprimir la regulación democrática de la memoria.
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó que la Ley de Memoria Democrática tuvo un amplio consenso en el Parlamento, es un instrumento para reconocer a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura y se basa en la defensa y protección de los derechos humanos.
El informe presentado hoy propone actuaciones que van desde el desmantelamiento del Valle de los Caídos -hoy Valle de Cuelgamuros- como futuro centro de interpretación memorial hasta la creación de tres comisiones relacionadas con el pueblo gitano, la restitución económica de las víctimas y la investigación de posibles violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, según explicó el ministro.
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Piscina Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra ha subrayado que el Gobierno tiene previsto continuar con el plan de excavaciones de cuatro años, que se ha permitido restaurar 4.500 víctimas gracias a la colaboración entre los municipios autónomos, la Asociación Española de Municipios y Provincias y determinados ayuntamientos. Además, el ministro ha repetido que hay que desenterrar a todas las víctimas, independientemente del bando que estén.
Diálogo con Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León
El informe también ha analizado la norma aprobada por el Gobierno de Aragón para derogar su ley autonómica de memoria democrática de 2018. Los servicios jurídicos del Ministerio han determinado que en su contenido “hay una clara vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional, de la ONU resoluciones y todos los acuerdos internacionales” firmados por España, según Torres.
La ministra ha explicado que esta norma elimina el mapa de fosas comunes, no obliga a las administraciones a cooperar económicamente con las asociaciones conmemorativas y de las víctimas, y elimina la disposición que honra a todos los aragoneses que perdieron la vida en los campos de concentración y exterminio nazis.
Ante esta situación, Ángel Víctor Torres ha anunciado que el Gobierno de España activará un mecanismo de diálogo con las Comunidades Autónomas y llevará la fórmula de “este texto al Gobierno de Aragón mediante la convocatoria de una comisión bilateral”. “Espero, como hacemos con otros proyectos de ley de las comunidades autónomas, que nos sentemos en una mesa para llegar a un acuerdo”, añadió.
La ministra ha afirmado que si no hay acuerdo en seis meses, el Gobierno presentará al Tribunal Constitucional la ley autonómica que deroga la regulación de la memoria democrática, así como cualquier legislación autonómica que otras comunidades autónomas impulsen en este sentido.
En este contexto, Torres se ha referido a las propuestas presentadas por Castilla y León y las comunidades valencianas, que aún no han sido aprobadas, para “cambiar sus leyes y equiparar, lo que es inaceptable, un período de régimen dictatorial con un período de régimen democrático”. ” Como ejemplo, el ministro ha señalado que en estos proyectos de ley ha desaparecido el artículo 1 de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura.
“El Gobierno de España siempre se sentará a negociar, pero con la misma firmeza, si no hay acuerdo acudiremos a los órganos correspondientes para defender todo lo que tanto nos ha costado conseguir que es la recuperación de la democracia y la “El valor que tenemos es poder opinar, decir y defender lo que creemos con absoluta libertad, algo que lamentablemente no ocurrió durante 40 años de dictadura en nuestro país”, concluyó el ministro.
Más subvenciones para seguros agrícolas contra el cambio climático
La ministra de Educación y Formación Profesional y Deporte, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Piscina Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la firma de un convenio entre la Unidad Estatal de Seguros Agrarios y el Grupo Español de Unidades Aseguradoras de Seguros Agrarios (Agroseguro) para conceder subvenciona el contratar un seguro agrario con 284,5 millones de euros.
Según Alegría, se trata de una medida de “particular importancia” en el contexto actual de cambio climático y la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos. La portavoz explicó que esta cifra supone un incremento “muy importante” respecto a los 211,3 millones de 2020 y refleja, asegura, “el apoyo y respaldo del Gobierno a un sector básico y fundamental como es el sector primario”.
asuntos actuales
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría también se refirió a las cifras de Afiliación a la seguridad social y desempleo publicado hoy, calificándolo de dato de “enorme importancia”.
“Tenemos la tasa de desempleo para el mes de marzo más baja de los últimos 16 años”, subrayó, destacando que el mes pasado se crearon 193.600 nuevos puestos de trabajo. “Somos 525.400 en lo que va del año, muchas más personas trabajando en nuestro país y capaces de proyectar su futuro con mayor certeza”, concluyó.