La Educación, como la Sanidad, son derechos intocables para todos los ciudadanos de un país; desafortunadamente en España, casi cada cuatro o cinco años, se ven sometidos a debates virulentos. Todo se discute, y se argumenta, debido a los enormes intereses que se agazapan detrás de los supuestos planes de enseñanza o sanitarios.
En principio los gobiernos tienen la obligación de organizarlos y defenderlos, como bienes públicos inalienables que son. Sin embargo, la mayoría de las veces no llegan a cumplir sus promesas como es debido. Todas las Comunidades tienen permitido reclamar ayudas privadas para sus centros siempre que no se perjudique a los públicos.
LOMLOE: Es la octava Ley de Educación en la democracia de española
Durante este convulso y atípico 2020 se ha elaborado una nueva Ley de Enseñanza. La octava en lo que llevamos de democracia, y como en casos anteriores, la oposición ha sido furibunda. La anterior, defendida por el Ministro Wert con el Gobierno del PP, se ha visto sustituida por la de la Ministra Celaá, del Gobierno PSOE-Podemos.
Como siempre, la élite acomodada defiende con uñas y dientes sus privilegios. Pero resulta pintoresco que su argumentación contra la nueva ley se escude en la “Libertad de Enseñanza” o el derecho de las familias a elegir su propuesta educativa, cuando de lo que se trata es de que el Estado cumpla con su obligación de dotar al país de Escuelas y Hospitales públicos y gratuitos, cubriendo las necesidades esenciales de la población.
En cada pueblo y cada barrio debe haber una escuela pública, que atienda ese servicio básico de cada ciudadano, y solo en el caso de que no haya plaza o las familias así lo prefieran, se pueda echar mano de las instituciones privadas.
España ha sido un país en el que las organizaciones religiosas de la Iglesia Católica se han lucrado de los planes oficiales de educación. Planes que han ido aplicando como les ha parecido conveniente. Suponiendo que esa sea la libertad que exigen una vez más, o de la reclamación de determinado sector sobre el derecho a elegir centro educativo, habrá que recordar que casi todos los centros privados o mixtos, reciben subvenciones estatales y aun así cobran matriculaciones que las familias humildes nunca podrán pagar.
No obstante, a muchas familias no les queda otra que solicitar plaza en esos colegios, buscando ayudas económicas de todo tipo, porque resulta menos complicado que esperar una en la pública que puede que nunca llegue.
EDUCACIÓN EN ESPAÑA: A VUELTAS CON LAS CONCERTADAS
En todo este barullo institucional en torno a la educación, tenemos que hacer mención a una fórmula bien curiosa denominada “Escuela Concertada”, que consiste en un negocio privado que también recibe ayudas de lo público. Aunque están obligados a cumplir determinados requisitos, como vacantes para colectivos vulnerables, pueden adaptar sus planes de estudio según sus propios criterios educativos.
Ocurre así que muchos de estos colegios acumulan ingresos por ambos lados. Primero por parte de las familias que pagan las matrículas, más el suplemento de las subvenciones oficiales, sin tener que ofrecer por ello un servicio para todos. Mientras tanto, la gran mayoría de los centros públicos languidecen con sus exiguas dotaciones, y con los medios que consiguen difícilmente tras años de peticiones y siempre con retrasos.
Precisamente los que se oponen a la nueva ley señalan que los logros educativos de los coles privados y concertados dejan muy atrás a los centros públicos. Pero lo cierto es que nunca comparan los medios con los que cada uno compite. Encima, en muchos casos, los profesores son pagados por el Ministerio con cargo a los presupuestos del Estado.
Por último, pese a que se les exigen plazas para familias sin recursos, inmigrantes o alumnos con problemas, ponen todas las trabas posibles, arguyendo que están al límite de ocupación.
Es innecesario indicar que esos alumnos son económicamente frágiles, por lo que su preparación siempre será “especial”, distinta y tremendamente más complicada que la de los demás. Pero claro, de esas cosas no se ocupan los que critican la nueva ley. Lo que les llama la atención es si las clases de religión se mantienen y cuentan para la nota media, o si el castellano desaparece como lengua vehicular.
Luis-Lorenzo defensor de la educación pública y en contra del negocio educativo.
Madrid, diciembre 2020.
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