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Investigado por gestionar una residencia clandestina de mayores en un chalet privado en la provincia de Alicante
Había contratado de forma irregular a varios trabajadores no cualificados para cuidar de casi una docena de ancianos alemanes.
Mantuvo un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, defraudando incluso a algunos de ellos hasta 9.500 euros.
La Guardia Civil ha investigado a una mujer responsable de una residencia de mayores ilegal explotada desde un chalet privado en la comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Se desempeñó como director de esta residencia clandestina y cuidó a casi una docena de ancianos alemanes.
Esta persona, una mujer de 70 años y nacionalidad suiza, incluso contrató de forma irregular a varios trabajadores no formados para cuidar a personas mayores. Agentes de la Guardia Civil la investigan por delitos de intrusión en el trabajo, estafa, malversación y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Además, ejerció un control total sobre las cuentas bancarias de los vecinos más vulnerables, defraudando incluso a algunos de ellos hasta 9.500 euros y transfiriendo el dinero a su cuenta personal.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí puso en marcha el operativo “Geranio 24” con el fin de investigar y esclarecer la actividad irregular en este concreto chalet.
La Guardia Civil llevó a cabo un registro en la vivienda en colaboración con inspectores de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, en el que localizaron a nueve ancianos residentes alemanes y a varios trabajadores que trabajaban ilegalmente como asistentes.
Los agentes se incautaron de una gran cantidad de documentos para su análisis y solicitaron el embargo judicial de las cuentas bancarias.
El administrador de la residencia ilegal fue investigado por delitos de intrusión en el trabajo, estafa, malversación y vulneración de los derechos de los trabajadores. El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela es el encargado de llevar a cabo la investigación. La inspección de servicios sociales propuso la apertura de un expediente disciplinario pidiendo el cierre de la empresa.
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