La inseguridad de la vivienda se asocia con un mayor riesgo de VIH entre las mujeres
Una investigación publicada en octubre de 2026 en el Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes encontró una fuerte asociación entre la inestabilidad residencial, la vulnerabilidad social de los barrios y los nuevos diagnósticos de VIH entre mujeres atendidas en Atlanta. El estudio, basado en más de diez años de registros sanitarios, plantea la necesidad de incorporar las condiciones de vida a las estrategias de prevención.
La prevención del VIH suele centrarse en factores individuales, como las prácticas sexuales, el consumo de sustancias o los antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, las condiciones en las que una persona vive también pueden influir en sus posibilidades de acceder a información, pruebas diagnósticas y servicios sanitarios.
Una investigación publicada el 8 de octubre de 2026 en el Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes aporta nuevos datos sobre esta relación. El trabajo, titulado , analizó los registros de 333.263 mujeres atendidas por el sistema sanitario Grady Health, en Atlanta, entre 2012 y 2022.
Durante ese periodo se identificaron 617 nuevos diagnósticos de VIH, equivalentes al 0,19 % de la población estudiada. El 88 % de las personas diagnosticadas eran mujeres negras y la edad media era de 41 años.
Los investigadores encontraron que la inseguridad residencial, los cambios frecuentes de domicilio y las características socioeconómicas de los barrios estaban estrechamente relacionados con los nuevos diagnósticos. Sus resultados plantean una cuestión relevante para la salud pública: la prevención del VIH podría ser menos eficaz si no tiene en cuenta las desigualdades sociales que condicionan la vida cotidiana.
La vivienda, un factor asociado a la vulnerabilidad frente al VIH
Uno de los resultados más destacados del estudio fue la diferencia observada entre las mujeres con un nuevo diagnóstico de VIH y aquellas que no recibieron ese diagnóstico durante el periodo analizado.
La inseguridad residencial aparecía documentada en el 10 % de las mujeres diagnosticadas, frente al 2,1 % de las mujeres sin un nuevo diagnóstico.
Después de realizar ajustes estadísticos, los investigadores calcularon una asociación de 5,2 en el odds ratio ajustado, con un intervalo de confianza del 95 % entre 3,9 y 6,7.
En términos sencillos, esto significa que, dentro de la población estudiada y teniendo en cuenta determinados factores de confusión, las mujeres con antecedentes documentados de inseguridad residencial presentaban unas probabilidades relativas de diagnóstico considerablemente mayores.
No significa que la falta de vivienda multiplique automáticamente por cinco la probabilidad individual de contraer el VIH. Tampoco demuestra que la inseguridad residencial sea por sí sola la causa de una infección.
La investigación es observacional y permite identificar asociaciones, no establecer una relación causal directa.
Aun así, la diferencia resulta significativa para comprender cómo las dificultades económicas y residenciales pueden coincidir con otras situaciones de vulnerabilidad que afectan a la prevención y al acceso a la atención sanitaria.
Cambiar de domicilio constantemente también aparece relacionado con los diagnósticos
El estudio examinó otro indicador: la movilidad residencial.
Los investigadores consideraron como movilidad elevada haber cambiado de dirección cuatro o más veces durante un año.
Esta situación se registró en el 19 % de las mujeres con un nuevo diagnóstico de VIH, frente al 8,2 % de las participantes que no recibieron ese diagnóstico.
Tras los ajustes estadísticos, la movilidad residencial presentó un odds ratio ajustado de 2,2, con un intervalo de confianza del 95 % entre 1,8 y 2,7.
La movilidad frecuente puede estar relacionada con dificultades económicas, problemas para mantener una vivienda, desplazamientos forzados o cambios constantes en las condiciones de vida.
Desde una perspectiva sanitaria, estas circunstancias pueden complicar la continuidad de los tratamientos, el seguimiento médico y la asistencia a consultas. También pueden dificultar que una persona mantenga una relación estable con los servicios de prevención y diagnóstico.
El estudio no demuestra que cada cambio de domicilio provoque una mayor exposición al VIH. Lo que muestra es que la inestabilidad residencial aparece con mayor frecuencia entre las personas diagnosticadas y mantiene una asociación estadística incluso después de los ajustes realizados por los investigadores.
El barrio también importa: desigualdad social y concentración del VIH
La investigación no se limitó a examinar las circunstancias individuales. También analizó las características de los lugares donde residían las participantes.
El 83 % de las mujeres con un nuevo diagnóstico vivía en códigos postales cuya incidencia acumulada de VIH superaba la mediana del área metropolitana de Atlanta. Entre las mujeres sin un nuevo diagnóstico, el porcentaje era del 48 %.
La asociación ajustada para residir en una de esas zonas fue de 4,5.
Los investigadores también utilizaron el Social Vulnerability Index (SVI), un indicador que permite evaluar la vulnerabilidad social de las comunidades a partir de características como la situación económica, la composición de los hogares, la vivienda, el transporte y otros factores territoriales.
El 47 % de las mujeres diagnosticadas residía en áreas con un índice de vulnerabilidad social superior a la mediana, frente al 36 % de las demás participantes.
La asociación ajustada entre una vulnerabilidad social superior a la mediana y el diagnóstico de VIH fue de 1,7.
Estos resultados muestran que el contexto territorial puede aportar información importante para comprender la distribución de los diagnósticos. Sin embargo, vivir en un barrio vulnerable no significa que una persona vaya a adquirir el VIH. Los indicadores describen condiciones colectivas y no determinan el comportamiento ni la situación individual de cada residente.
La concentración territorial de los diagnósticos puede reflejar, entre otros factores, desigualdades económicas, diferencias en el acceso a servicios sanitarios y patrones de transmisión dentro de las comunidades.
Las desigualdades raciales siguen siendo un elemento central
El perfil de las mujeres incluidas en la investigación también debe interpretarse dentro de la situación epidemiológica de Estados Unidos.
El 88 % de las mujeres con nuevos diagnósticos identificadas en el estudio eran negras. Esta proporción no debe confundirse con una representación de todas las mujeres negras de Atlanta ni utilizarse para atribuir el riesgo a la identidad racial.
El contexto nacional ayuda a comprender la dimensión de la desigualdad.
Según los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), en 2024 las mujeres representaron aproximadamente el 20 % de los nuevos diagnósticos de VIH en el país. Las mujeres negras concentraron el 52 % de los diagnósticos entre las mujeres, pese a representar alrededor del 13 % de la población femenina estadounidense.
El CDC también señaló que la tasa de diagnósticos entre mujeres negras fue de 21,6 por cada 100.000 habitantes, más de tres veces la registrada entre mujeres hispanas o latinas, y doce veces la correspondiente a mujeres blancas.
Estas diferencias no pueden explicarse mediante una característica individual o biológica aislada. Los factores sociales, económicos, geográficos y sanitarios forman parte del contexto necesario para comprender las desigualdades epidemiológicas.
En el área metropolitana de Atlanta, investigaciones anteriores también habían señalado la relación entre la desigualdad económica, la carga de los costes de vivienda y los indicadores de VIH. Un estudio publicado en 2024 en el Journal of the International AIDS Society encontró que los condados con mayores desigualdades de ingresos y una mayor proporción de hogares con dificultades para afrontar los costes de vivienda presentaban tasas más elevadas de nuevos diagnósticos y prevalencia del VIH.
La nueva investigación amplía esa línea de análisis al estudiar específicamente cómo distintos factores estructurales, psicosociales e individuales se relacionan con los diagnósticos entre las mujeres.
La prevención necesita mirar más allá de los factores individuales
Una de las aportaciones más importantes del trabajo consiste en comparar diferentes categorías de factores asociados al VIH.
Además de las condiciones residenciales y territoriales, los investigadores analizaron elementos psicosociales, como los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, y otros indicadores clínicos, como las infecciones de transmisión sexual.
El trastorno relacionado con el consumo de sustancias presentó un odds ratio ajustado de 3,8. También se observaron asociaciones con determinados diagnósticos de infecciones de transmisión sexual.
El equipo investigador calculó las llamadas fracciones atribuibles poblacionales (PAF), una medida estadística que estima qué proporción de los casos podría estar asociada a una determinada exposición dentro de la población, bajo los supuestos del modelo.
En sus resultados, residir en un código postal con alta incidencia de VIH presentó una PAF estimada del 63 %, mientras que vivir en una zona con vulnerabilidad social superior a la mediana presentó una estimación del 21 %. Para los diagnósticos de infecciones bacterianas de transmisión sexual, la estimación fue del 5 %.
Estas cifras no deben interpretarse como el porcentaje de infecciones que se evitaría automáticamente eliminando una condición social. Tampoco prueban que una intervención concreta sobre la vivienda reduzca por sí misma los diagnósticos en esas proporciones.
Su importancia reside en mostrar que los factores estructurales, por su presencia y distribución en la población estudiada, pueden tener una influencia considerable en la carga colectiva del VIH.
La investigación sostiene que las herramientas de evaluación del riesgo deberían incorporar mejor el contexto comunitario y social para identificar a las personas que podrían beneficiarse de medidas preventivas.
La PrEP y el reto de llegar a más mujeres
Uno de los recursos fundamentales para prevenir el VIH es la profilaxis preexposición, conocida como PrEP.
Se trata de una medicación preventiva destinada a personas que no tienen VIH y pueden estar expuestas al virus. Utilizada correctamente, reduce considerablemente la posibilidad de adquirir la infección.
El CDC explica que la PrEP puede utilizarse en personas adultas y adolescentes que puedan estar expuestas al VIH por vía sexual o por consumo de drogas inyectables. Existen opciones orales e inyectables, y la elección debe realizarse con asesoramiento sanitario.
Sin embargo, el acceso a esta herramienta presenta importantes diferencias entre grupos de población.
Los datos de AIDSVu sobre el uso de PrEP en 2024 muestran que las mujeres representaban solamente el 9 % de las personas que utilizaban esta prevención en Estados Unidos, a pesar de que las mujeres concentraron aproximadamente el 19 % de los nuevos diagnósticos en 2023.
La diferencia evidencia una brecha entre la distribución de los diagnósticos y el acceso a una de las principales herramientas de prevención.
El problema no consiste únicamente en que exista una medicación preventiva. También importa que las personas conozcan su disponibilidad, puedan acceder a los servicios sanitarios, reciban información adecuada y tengan la posibilidad de mantener la prevención a lo largo del tiempo.
Para las mujeres que experimentan inestabilidad residencial o dificultades económicas, mantener citas médicas y una atención continuada puede resultar especialmente complicado.
El estudio de Atlanta no evaluó directamente el efecto de una intervención de vivienda sobre el uso de PrEP, pero sus conclusiones respaldan la necesidad de considerar las condiciones sociales cuando se diseñan los programas de prevención.
Qué sabemos y cuáles son los límites de la investigación
El trabajo de Abigail LeCates y sus colaboradores aporta una base estadística considerable, pero también presenta limitaciones que deben tenerse en cuenta.
En primer lugar, se trata de un estudio retrospectivo y observacional basado en los registros de un único sistema sanitario, Grady Health. Aunque se trata de un centro de referencia que atiende a una población amplia y socialmente vulnerable, sus resultados no representan necesariamente a todas las mujeres de Estados Unidos ni a todos los grupos socioeconómicos de Atlanta.
En segundo lugar, los registros médicos pueden contener información incompleta. Los propios investigadores reconocen que algunos factores sociales pueden no quedar documentados, especialmente cuando existen barreras relacionadas con el estigma, el tiempo disponible durante las consultas o la dificultad para comunicar determinadas circunstancias personales.
También advierten de que los resultados necesitan replicarse en otras poblaciones y contextos para comprobar hasta qué punto pueden generalizarse.
Por último, el estudio no permite determinar qué mecanismos concretos explican las asociaciones observadas. Para ello serían necesarios nuevos trabajos que examinen con mayor profundidad las relaciones entre vivienda, movilidad, redes sociales, acceso sanitario y prevención.
Estas limitaciones no anulan los resultados, pero sí delimitan lo que puede afirmarse a partir de ellos.
La vivienda también forma parte de la salud pública
La investigación publicada en el Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes invita a ampliar la manera de abordar la prevención del VIH.
Durante décadas, buena parte de las estrategias se han centrado en identificar conductas individuales y ofrecer información, pruebas y tratamientos. Estas medidas siguen siendo esenciales, pero pueden resultar insuficientes cuando no se consideran las condiciones materiales que determinan la capacidad de una persona para acceder a ellas.
Una vivienda estable, unos ingresos suficientes, el acceso al transporte y la posibilidad de mantener una relación continuada con los servicios sanitarios son elementos que pueden influir en la prevención y en la atención médica.
La cuestión no es sustituir la prevención clínica por políticas sociales, sino comprender que ambas dimensiones pueden complementarse.
El VIH no se explica únicamente por las decisiones individuales. También es necesario observar los entornos en los que esas decisiones se toman y las oportunidades reales que tienen las personas para proteger su salud.
En Atlanta, los datos de más de 333.000 mujeres muestran una asociación significativa entre la inestabilidad residencial y los nuevos diagnósticos. El reto para los responsables sanitarios será transformar ese conocimiento en estrategias que acerquen la prevención a las comunidades que más barreras encuentran.
Porque una política de prevención eficaz no debería limitarse a preguntar quién está en riesgo. También debería preguntarse qué condiciones sociales están haciendo más difícil que algunas personas puedan protegerse.
