El Comité de Desarrollo Regional optó por un “procedimiento simplificado” sin enmiendas para adoptar el reglamento FAST-CARE (Asistencia Flexible para Territorios) propuesto, que aumentará aún más la flexibilidad en el uso de los fondos de la Política de Cohesión de la UE en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania.

Los eurodiputados de Desarrollo Regional creen que es importante actuar lo más rápido posible para ayudar a los gobiernos y regiones de la UE a lidiar con los efectos de la guerra rápidamente.

Cotizar

ponente del PE Niklas Nienass (Verdes/ALE) dijo: “Frente a la agresión rusa, Europa debe reaccionar rápida y decisivamente. El Parlamento Europeo ha reconocido la urgente necesidad de actuar. Con FAST-CARE, la Política de Cohesión ayudará a los refugiados ucranianos y empoderará a las ciudades, comunidades y empresas europeas para mitigar las consecuencias directas e indirectas de esta terrible guerra. Hemos examinado cuidadosamente la propuesta para garantizar que este paquete de contingencia no se produzca a expensas de las inversiones necesarias a largo plazo. La Política de Cohesión es la mejor herramienta para una Europa fuerte, justa y unida. Nos aseguraremos de que pueda cumplir ese papel”.

Próximos pasos

Una vez que el Parlamento haya confirmado la posición del comité en la sesión plenaria del 3 al 6 de octubre, el proyecto de ley deberá ser aprobado formalmente por los estados miembros antes de que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

antecedentes

Reglas de ATENCIÓN RÁPIDA simplificar aún más los procedimientos para el uso de recursos financieros por parte de los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Las nuevas normas prevén una prefinanciación adicional de 3 500 millones para 2022 y 2023. Los Estados miembros ahora pueden reclamar gastos en proyectos ya implementados relacionados con las necesidades de los refugiados y también pueden lograr un 100 % de la UE para mediados de 2024. la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países. Para estos proyectos, al menos el 30% del monto debe ir a las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las comunidades locales. La propuesta también ayudará a entregar inversiones amenazadas por la escasez de suministro y mano de obra.



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