Elecciones generales del 29N: la crisis de la vivienda llega a las urnas
Pedro Sánchez ha convocado las elecciones generales para el 29N tres días después de que el Congreso rechazara sus dos decretos de vivienda. La campaña ha arrancado con el PP como favorito en las encuestas, la acampada de Sol en pie y un frente judicial abierto para el PSOE tras la caída de los decretos.
Pedro Sánchez y las elecciones generales del 29N
El lunes 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, mediante el Real Decreto 806/2026. En su declaración institucional no mencionó la votación del viernes: dijo que necesita «renovar y ampliar el apoyo de la gente» y una mayoría parlamentaria más amplia, y admitió que quedan «muchos problemas que resolver» en desigualdad, servicios públicos y acceso a la vivienda.
La convocatoria llegó tres días después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno. El primero cayó por 178 votos en contra (PP, Vox, UPN y Junts) frente a 172 a favor; el segundo, por 184 contra 166, sin el apoyo de PNV y CC.
La cuenta atrás hacia las urnas: la campaña electoral empieza con tres frentes abiertos para los españoles
La vivienda, en la calle y en los tribunales; la investigación judicial que rodea al PSOE; y unas encuestas que dan ventaja a PP y Vox.
- 29N: Fecha de las elecciones generales, convocadas el 5 de octubre
- 178–172: Resultado del primer decreto de vivienda en el Congreso (2 de octubre)
- 203: Escaños de PP y Vox según Sigma Dos y Data10 (la mayoría absoluta son 176)
- 37,5%: Menciones de la vivienda como primer problema, CIS de septiembre
Cronología de dos semanas
- 23 de septiembre. Maricarmen Abascal, de 87 años, es desahuciada de su casa de Retiro tras más de siete décadas y es ingresada en un hospital.
- 26 de septiembre. Manifestación por la vivienda en Madrid (25.000 personas según la Delegación del Gobierno, 300.000 según el Sindicato de Inquilinas) y comienzo de la acampada en Sol.
- 27 y 28 de septiembre. Sánchez promete aprobar un decreto y la propiedad pacta con los representantes de Maricarmen que pueda volver a su casa.
- 1 de octubre. La Comunidad de Madrid recurre ante la Justicia para forzar el desalojo de la acampada.
- 2 de octubre. El Congreso rechaza los dos decretos de vivienda.
- 5 de octubre. Sánchez convoca elecciones generales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la primera petición de desalojo de Sol.
- 6 de octubre. El PP pide al juez Pedraz imputar al PSOE y el juez pide informe a Anticorrupción.
- 7 de octubre. Muere Maricarmen en el Hospital Gregorio Marañón y el tribunal madrileño rechaza por segunda vez el desalojo de Sol.
La muerte de Maricarmen: el caso que lo desencadenó
María del Carmen Abascal, Maricarmen, vivía desde hacía más de siete décadas en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El 23 de septiembre, tras varios intentos frenados por el Sindicato de Inquilinas y la resistencia de los vecinos, un desahucio ordenado por un juzgado la sacó de la vivienda en camilla. Según El Salto, la intervención policial fue violenta. Permaneció ingresada desde entonces.
La propiedad, Urbagestión, defendía que el contrato no podía subrogarse de nuevo; los colectivos denunciaron que había intentado subirle el alquiler un 275 %. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido suspender el desalojo o garantizar una alternativa habitacional, aunque no se trataba de una resolución definitiva.
Tras el desahucio, su familia, su abogada y el Sindicato llegaron a un acuerdo para que regresara a su casa cuando recibiera el alta. No llegó a hacerlo: murió el miércoles 7 de octubre. El Sindicato considera que la solución llegó «demasiado tarde». Sánchez lamentó su fallecimiento; Isabel Díaz Ayuso señaló que un hospital público de la Comunidad estuvo con ella hasta el final, y Urbagestión trasladó su pésame «con profunda tristeza».
Qué han tumbado los decretos: desahucios, contrato de arrendamiento y nómina
Los dos reales decretos-ley incluían, entre otras medidas, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, la prórroga de dos años de los contratos de arrendamiento y la limitación de la compra especulativa por parte de fondos. El principal suspendía los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el propietario fuera un fondo o gran tenedor, incluso con sentencia si el lanzamiento no se había ejecutado. También prohibía hasta finales de 2028 comprar viviendas por menos del 70 % de su tasación y vinculaba las rentas de temporada a un índice oficial de referencia.
Junts justificó su «no» porque, a su juicio, el texto permitía que los fondos siguieran comprando, especulando y desahuciando. Su portavoz pidió retirar los decretos y negociar uno nuevo.
No era la primera caída. La moratoria antidesahucios nació con la pandemia, en 2020. La prórroga aprobada en diciembre de 2025 decayó el 27 de enero de 2026, y el decreto con el que el Gobierno lo intentó de nuevo fue tumbado el 26 de febrero. Cuando Maricarmen fue desahuciada, la moratoria extraordinaria llevaba meses sin efecto y solo permanecía la suspensión ordinaria que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El umbral de vulnerabilidad y la nómina
La Ley de Vivienda considera que, en un juicio de desahucio por impago, el tribunal aprecia vulnerabilidad económica cuando los ingresos no superan tres veces el IPREM, unos 1.800 euros mensuales. En octubre de 2024, el PP propuso rebajar ese umbral a poco más de mil euros (1.050 u 1.080, según el documento) y eliminar las zonas tensionadas. Su argumento: los caseros piden hasta 2.000 euros de nómina para alquilar porque la ley fija la vulnerabilidad en 1.800. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, replicó que la medida se lo pondría «más complicado» a quienes «peor lo pasan». Es un debate abierto que volverá a la campaña.
Ahora depende de vosotros y vosotras. Pedro Sánchez, al anunciar las elecciones generales
La acampada de Sol: de la protesta al «barrio»
La acampada nació tras la manifestación del 26 de septiembre y creció rápido: el Sindicato de Inquilinas contó más de 1.200 tiendas el 30 de septiembre. La Comunidad de Madrid, que la considera ilegal, exigió a la Delegación del Gobierno que la desalojara; la Delegación respondió que velaría por la seguridad ciudadana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado dos veces la petición de la Comunidad: la cautelarísima, el 5 de octubre, y la cautelar, el 7, al considerar que no está acreditada la inactividad de la Delegación y que en estos casos hay que esperar tres meses para recurrir. El recurso principal sigue su curso.
Tras la votación del 2 de octubre, la asamblea decidió por mayoría seguir. Los acampados han creado comités de barrio para impulsar una huelga general por la vivienda y una estructura que sobreviva a las tiendas, y el 6 de octubre acordaron coordinar con otras ciudades la decisión sobre su continuidad. El Sindicato de Inquilinas, promotor inicial, ha reducido su presencia oficial. La noche del 7 de octubre, la plaza se transformó en una vigilia por Maricarmen, y los acampados aseguran que «no vamos a parar».
El paralelo inevitable es el 15M. En 2011, el movimiento acampó en Sol una semana antes de las elecciones municipales y levantó el campamento cerca de un mes después, con el lema «no nos vamos, nos expandimos». No todo ha sido apoyo: el grupo radical de derecha Núcleo Nacional convocó una concentración contra la acampada, mientras los obispos defendieron el derecho a manifestarse «con exclusión de la violencia».
Los Okupas: lo que dicen los datos oficiales
La ocupación es la otra pieza del debate. El Ministerio del Interior registró en 2025 un total de 14.875 denuncias por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, un 9,4 % menos que en 2024; Cataluña concentró 5.913, cerca del 40 %. Interior precisa que en su sistema no existe la variable «okupa» y que agrupa dos conductas distintas: el allanamiento de morada, la más grave, y la usurpación, que afecta sobre todo a inmuebles vacíos. Por eso pide no generar alarma social.
Los partidos de la derecha sitúan el problema en el centro. Vox defiende endurecer las penas con «tolerancia cero» y el PP propone desalojar a los okupas en 24 horas. La Plataforma de Afectados por la Okupación sostuvo en febrero que el decreto de entonces, en la práctica, paralizaba desahucios y perjudicaba a la clase media. El caso que desató la protesta, en cambio, no era una ocupación: se discutía la subrogación de un contrato de alquiler con más de setenta años de antigüedad.
Financiación ilegal PSOE: qué se investiga y qué no está probado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga el «caso Leire», una trama presuntamente coordinada por la exmilitante Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización Santos Cerdán, para desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido y a Pedro Sánchez. El 27 de mayo, la UCO acudió a la sede de Ferraz para requerir documentación sobre pagos a Díez, y el juez imputó a Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Según la Fiscalía, el PSOE habría pagado a dos abogados investigados, que facturaban importes que luego trasladaban a Díez; uno de los despachos le habría entregado más de 27.000 euros.
La novedad es de esta semana. El martes 6 de octubre, el PP, como acusación popular, pidió al juez que cite al PSOE como investigado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación y financiación ilegal. Pedraz pidió informe a la Fiscalía Anticorrupción, que aún no ha solicitado formalmente la imputación del partido, y reclamó al PSOE la relación de abogados y consultoras contratados entre 2021 y 2025. Según Vozpópuli, juez y Fiscalía tienen previsto enfriar la imputación, de modo que no llegaría antes de las elecciones.
El PSOE niega las acusaciones. En junio, Ferraz aseguró que los contratos señalados son «formalmente legales» y que colabora con la Justicia. Preguntado por la petición del PP, Sánchez dijo que no le sorprende «la enésima denuncia» de PP y Vox, que a su juicio «tratan de judicializar la política». La propia Leire Díez afirma que el partido no le ha pagado nada. En términos jurídicos, no hay ninguna imputación del PSOE ni sentencia: lo que existe es una petición de una parte y una instrucción en marcha.
Encuestas de las elecciones generales: PP y Vox, cerca de la mayoría absoluta
Las encuestas publicadas tras la convocatoria coinciden en el esquema. La mayoría da como vencedor al PP, todas auguran una fuerte subida de Vox y el bloque PSOE-Sumar-Podemos retrocede respecto a 2023. La excepción es el CIS de septiembre, que daba al PSOE una ventaja de más de cinco puntos y es anterior a la convocatoria.
| Encuesta | PP | PSOE | Vox | PP + Vox |
|---|---|---|---|---|
| Sigma Dos (El Mundo) | 140 (32,6 %) | 103 (25,6 %) | 63 (18,3 %) | 203 |
| Data10 (OKDIARIO) | 139 (34 %) | 110 (26,1 %) | 64 (18,6 %) | 203 |
| SocioMétrica (El Español) | 143 | 106 | 62 | 205 |
| 40dB (El País y SER) | 31,6 % | 27,4 % | 18,4 % | Sin escaños |
| CIS (septiembre) | 25,5 % | 31 % | 16,6 % | Sin escaños |
| Resultado de 2023 | 137 (33 %) | 121 (32 %) | 33 (12,4 %) | 170 |
Sigma Dos calcula que PSOE y Sumar sumarían 114 escaños, frente a los 152 de 2023, y que Vox ganaría casi seis puntos y 30 escaños. Un 8 % de quienes votaron al PSOE en 2023 dice que ahora votaría al PP y un 4,7 %, a Vox.
La vivienda es el trasfondo de todas esas cifras. Según el CIS, lleva más de un año como primer problema del país: alcanzó un 42,6 % en enero, un récord del 48,8 % en mayo y un 37,5 % en septiembre. Ese último barómetro se publicó antes del desahucio de Maricarmen, de la acampada y de la caída de los decretos, de modo que ninguna encuesta recoge aún su efecto. Estas cifras son una foto, no una predicción, y quedan semanas de campaña.
Qué proponen los partidos sobre vivienda
Los programas completos aún no se han presentado, pero las líneas ya son claras. El PSOE apuesta por aumentar el peso de la vivienda pública y consolidar un parque de alquiler asequible. El PP y Vox sitúan el problema en la falta de oferta y defienden liberalizar suelo, bajar impuestos a la compra e incentivar la construcción; Vox, además, endurece su discurso sobre la ocupación y rechaza limitar los alquileres. Podemos y el espacio de Sumar plantean una intervención más directa sobre el mercado del alquiler. Junts, cuyo voto decidió la caída de los decretos, entregó a la ministra una propuesta propia tras pedir negociar un texto nuevo.
Lo que pasará en los próximos días
- Anticorrupción debe informar sobre la petición del PP, y el PSOE debe entregar su relación de abogados.
- El 28 de octubre declara como imputado, en el caso Leire, el exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
- El recurso principal de la Comunidad de Madrid sobre la acampada de Sol sigue abierto.
- Los partidos presentarán sus programas electorales y la vivienda será, previsiblemente, uno de los ejes de la campaña.
Fuentes consultadas
- La Moncloa: declaración institucional de Pedro Sánchez (5 de octubre de 2026)
- Servimedia: el Congreso tumba el decreto de vivienda
- Demócrata: muere Maricarmen y La Jornada
- infoLibre: la Justicia vuelve a rechazar el desalojo de Sol
- Público: última hora de la acampada en Sol y elDiario.es: claves de las movilizaciones
- The Objective: denuncias por okupación en 2025 (datos de Interior)
- EFE vía Infobae: el juez pregunta a Fiscalía si imputa al PSOE y Última Hora: reacción de Sánchez
- Sigma Dos, Data10 y SocioMétrica
- CIS de septiembre: la vivienda, primer problema
- Forbes España: las batallas económicas del 29N y Valencia Plaza: propuesta del PP sobre el umbral de vulnerabilidad
