Durante su intervención en la sesión de control del Gobierno celebrada en el Senado, Pedro Sánchez afirmó que sus objetivos para lo que resta de esta legislatura son consolidar y repartir el crecimiento económico para que la recuperación sea justa. Esto se hará, dijo, mediante la gestión de fondos europeos y abordando las grandes transformaciones enumeradas en su discurso inaugural: energía, digital, cohesión territorial y agenda feminista. Pedro Sánchez también defendió el pacto constitucional, apoyó la Carta Magna, apostó por la integración de las naciones y rechazó la independencia.
En respuesta a la senadora d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu Borka Elejabarrieta, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que el Gobierno ha demostrado valentía en la promoción de derechos y libertades en un contexto tan difícil desde el punto de vista sanitario, económico y que estamos atravesando, sin precedentes en los últimos cien años.
En este sentido, el presidente ha recordado que el confinamiento ha salvado más de 450.000 vidas y que otras medidas adoptadas en los peores momentos de la pandemia, como los Dossiers de Régulation de l’Emploi Temporaire (ERTES), han ayudado a casi 3.600.000 trabajadores a conservar sus puestos de trabajo. “Tenemos 20 millones de personas ocupadas, tenemos la tasa de desempleo más baja desde 2008, es decir no en niveles prepandemia, en niveles precrisis financiera”, señaló.- señala.
Sánchez señaló que sería necesaria una reforma de la Constitución en términos de reconocimiento de nuevos derechos o profundización de libertades. La independencia, dijo, es “una teoría política que representa el siglo XX o el siglo XIX”.
Según él, después de la pandemia, ha quedado claro que todas las naciones deben integrarse en la Unión Europea para ser “lo suficientemente grandes y relevantes” en un orden internacional con grandes jugadores, como China, Estados Unidos, Brasil, India o Rusia. . “Al desagregar responsabilidades y poder político, haremos que Europa sea menos capaz de garantizar el desarrollo y la prosperidad de los europeos”, añadió.
El Presidente ha destacado que el Gobierno español está desplegando un programa de diálogo absoluto y coordinado con todos los actores territoriales, tal y como se reflejará la próxima semana en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma.
El Gobierno consolida el espacio de diálogo con Cataluña
Foto: EFEPedro Sánchez argumentó que el Gobierno español ha pasado de un conflicto permanente con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en 2017 a un “diálogo constante”. En ese sentido, recordó que el viernes los dos gobiernos sostendrán una comisión bilateral para concretar varias transferencias de competencias. “Creo que es un hecho objetivo que Cataluña está mejor hoy que hace cinco años. Estamos avanzando en el camino de la convivencia y la consolidación de un espacio de diálogo entre el Gobierno español y el Gobierno catalán”, ha dicho. .
El presidente reiteró al senador del grupo parlamentario nacionalista, José Lluís Cleries, que se interesó por la actitud del Ejecutivo hacia Cataluña, que su Gobierno apuesta por el diálogo y que las prioridades más urgentes para los catalanes están relacionadas con la respuesta a la pandemia, la recuperación económica y la gestión de los fondos europeos.
“Seguiremos hablando, en la mesa de diálogo, en la comisión bilateral, para garantizar la convivencia y la cohesión entre los catalanes”, ha subrayado.
Además, Pedro Sánchez recordó que se han alcanzado cinco acuerdos definitivos sobre conflictos normativos con Cataluña y repasó las inversiones realizadas y comprometidas en esta comunidad autónoma.
Financiación autonómica y reforma fiscal
Foto: EFEEn su respuesta al senador de Compromís del grupo parlamentario mixto, Carles Mulet, el presidente se ha referido a las reformas del sistema de financiación y fiscalidad autonómica en las que está trabajando el Gobierno.
Sánchez ha señalado que además de diseñar con las Comunidades Autónomas el nuevo sistema de financiación para los próximos años, el Gobierno está incrementando los recursos transferidos desde 2019. De esta forma, las comunidades han recibido 500.000 millones de euros más que en los últimos cuatro años de la anterior legislatura, lo que supone un incremento del 36%. Y también los municipios, dijo, “recibirán los mayores pagos de la historia en 2022, que aumentarán un 13%”.
En cuanto a la reforma fiscal, Sánchez defendió que “si queremos justicia social, también necesitamos justicia fiscal, para que pague más el que más tiene”, y ha explicado que España lidera, junto a otros países, el debate para establecer nuevas reglas para los fiscales en Europa, y a nivel nacional, lo hace a través de un comité de expertos.
El presidente ha subrayado el compromiso del Gobierno con el progreso social y la defensa de los trabajadores y sus derechos laborales y ha puesto como ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, “que beneficia principalmente a mujeres y jóvenes”, y los ERTES “que han salvó millones de puestos de trabajo”.
La ley de movilidad sostenible no prevé nuevos peajes
Pedro Sánchez ha afirmado que el proyecto de ley sobre movilidad sostenible que el Consejo de Ministros aprobará de forma previsible el próximo 1 de marzo “no especifica la adopción de ninguna medida relacionada con la entrada en vigor de los peajes”.
Sánchez respondió así a la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Popular Javier Maroto, a quien recordó que el Ministerio de Fomento, en la anterior legislatura, había realizado dos informes que habían permitido recaudar 2.700 millones anuales para peaje. “Ninguno de estos peajes está incluido en la ley de movilidad sostenible”, repetía.
El presidente aseguró que el futuro reglamento hará avanzar a España hacia “un nuevo modelo de transporte y movilidad vinculado a la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y territorial”.
Durante el debate, en referencia a los resultados de las elecciones del pasado domingo en Castilla y León y los posibles pactos de gobierno, Pedro Sánchez aseguró a los ciudadanos de esta comunidad que “cualquier cuestionamiento a las mujeres, al colectivo LGTBI o cualquier cuestión relacionada con cualquier retroceso en derechos y libertades recibirá una respuesta contundente y firme, en el marco de la ley, por parte del Gobierno español”.
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