Fraude IVA intracomunitario

Entre 2017 y 2020, se descubrieron más de 26 millones de euros de fraude de IVA intracomunitario en el sector de las TI.

Se ha detenido a 22 personas y se han realizado 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes ubicadas en España, Bélgica y Holanda.

Se realizaron investigaciones sobre delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y delitos pertenencia a organizaciones criminales.

 

Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Alcobendas (Madrid), han participado en la desarticulación de una de las principales organizaciones criminales de Europa; especializada en fraude del impuesto al valor agregado (IVA) en el sector de las tecnologías de la información.

La fase de implementación de esta operación se ha llevado a cabo simultáneamente en España, Bélgica y Holanda. Con la implicación de investigadores españoles que han viajado a estos dos últimos países para coordinar los equipos. Se realizaron un total de 24 búsquedas en las residencias de los principales sujetos de la encuesta y las sedes de diferentes empresas, especialmente 18 en España, 5 en Holanda y 1 en Bélgica. La actividad investigadora comenzó a desarrollarse en 2019, cuando los investigadores descubrieron redes comerciales a escala internacional. Su propósito era defraudar a las finanzas públicas a gran escala por medio de un método llamado “ficción comercial” basado en expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea. Estas empresas actuaban de manera coordinada para lograr la referida ficción, eludiendo así el pago de los impuestos (IVA) generados por su actividad.

Fraude en el IVA intracomunitario con operaciones ficticias.

Estas operaciones ficticias se realizaban de manera encadenada, y comenzaban con cuatro empresas ubicadas en Holanda. Que utilizaban el sistema tributario transitorio en el impuesto al valor agregado (IVA) para operaciones intracomunitarias y ventas simuladas de estos productos a empresas de diferentes países europeos. La investigación  ha confirmado cómo estas expediciones comerciales siempre se enviaban desde Holanda a España, y luego se almacenaban en empresas logísticas.

En España, se realizaba una serie de lanzamientos de mercancías entre las distintas empresas involucradas. Las cuales se ponían a disposición de una serie de comerciantes que se encargan de la introducción final de la mercadería al mercado nacional. El fraude cometido se basa en que las empresas ubicadas en la entrada de mercancías españolas en la cadena de suministro ficticio no cumplían sus obligaciones fiscales. Lo que hacía improcedente el ingreso del IVA generado por la operativa comercial realizada, y siendo de imposible localización al detectarse el fraude.

Así han generado un fraude a la Hacienda Pública que ha sido calculado por la Agencia Tributaria en un importe estimado superior a los 26,5 millones de euros.

Vendían los productos a un precio sin competencia.

Obtuvieron ganancias considerables a través de cuotas fraudulentas, lo que les permitió vender productos a precios inmejorables. Así monopolizaron el mercado de estos productos en todo el país. Inmediatamente después de estas operaciones comerciales adoptaron una estrategia financiera que supuso un blanqueo de capitales superior a los 70 millones de euros. En el expediente, se han incautado muchas computadoras y una gran cantidad de documentos de investigación de interés, incluidos formatos de papel y de computadora. Mientras que se han bloqueado muchas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos, y se han confiscado 14.780 discos duros; “todo listo para vender”, así como otros equipos informáticos.

Este operativo fue realizado en nuestro país por el Juzgado No. 2 de Alcobendas,  de manera conjunta por agentes de la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Nacional (UCO) agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Así como por miembros de la Dependencia Regional de Inspección de Madrid y Andalucía, y de la ONIF de la Agencia Tributaria; apoyados por EUROPOL, EUROJUST y por unidades policiales de Holanda y Bélgica.

Igualmente se ha prohibido la enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Así como de 16 vehículos; seguido del bloqueo de saldos de cuentas bancarias de 33 entidades financieras en las que titulaban los miembros de la organización.