Desarticulada en Tarragona una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación económica

Desarticulada en Tarragona una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación económica

Las víctimas llegaron a España con la promesa de conseguir un contrato de prácticas en hostelería por el que recibirían un salario de 500 euros, pero tras trabajar hasta 15 horas diarias, en algunos casos sólo ganaban 20 euros.

Doce personas fueron detenidas por pertenencia a organización criminal, trata de personas con fines de explotación económica, promoción de la inmigración, detención ilegal y falsificación de documentos.

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional denominada “Napoléon-Aguazul”, desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación económica. Un total de 12 personas fueron detenidas en Torredembarra, Reus, Tarragona e Italia por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de personas con fines de explotación económica, promoción de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.

Se llevaron a cabo diez registros y registros, donde los investigadores incautaron dos armas detonantes, más de 22.000 euros en efectivo, numerosos documentos de interés y material informático.

La investigación se inició en octubre de 2023 tras recibir información sobre la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en pésimas condiciones laborales, sin contrato ni documento de residencia legal y con horarios abusivos.

La organización monitoreó con cámaras de vigilancia las viviendas donde se alojaban las víctimas, donde vivían en habitaciones hacinadas.

Viajando desde colombia

Las víctimas procedían de Colombia tras ser capturadas por la organización con sede en España, a través de centros de estudios y personas vinculadas a ella.

Les ofrecieron un salario y un contrato de prácticas que, una vez en España, no se ajustaba al contrato firmado por las víctimas. Una vez provistos de los documentos necesarios para viajar a España, como visados, seguros médicos, honorarios de abogados, trámites ante el consulado y las administraciones de Colombia, las víctimas contrajeron una deuda con la organización del viaje y los trámites, quedando así a cargo de misericordia de los líderes de la organización. La deuda se hizo cada vez mayor para poder deducir el dinero directamente de los salarios que recibían por su trabajo.

Una vez en España, las condiciones laborales no se correspondían con las establecidas por los reclutadores en Colombia, ya que primero les habían prometido un contrato de prácticas estudiantiles en hostelería, cuatro horas diarias y dos días de descanso semanal, un contrato de vacaciones al año. y un salario inicial de 500 euros al mes. Sin embargo, la jornada laboral era de un mínimo de 12 horas diarias, a veces incluso de 15 horas, de lunes a domingo, y se concedían descansos semanales en raras ocasiones y sin días festivos. El salario que recibían después de las deducciones hechas por los presos era en algunos casos de sólo 20 euros.

Algunas víctimas llegaron a nuestro país en calidad de turistas y, para ocultar la situación real de explotación laboral, los líderes de la organización criminal las obligaron a matricularse en cursos de formación en convivencia delictiva en dichas academias de formación. Por estos cursos, que nunca tomaron, pagaron grandes sumas de dinero.

Los miembros de la organización incluso controlaron las bajas laborales para evitar que tuvieran alguna; si una de estas personas enfermaba, ellos mismos le proporcionaban potentes medicamentos, que en realidad requerían prescripción médica, para que pudiera seguir trabajando.

Inscripciones e inscripciones

A principios de abril se realizaron cuatro allanamientos y registros en domicilios de víctimas, otros dos en domicilios de dirigentes de la organización y otros cuatro en establecimientos de acogida.

En total se incautaron dos armas detonantes, 22.295 euros en efectivo, dos dispositivos móviles, dos ordenadores portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia y diversos documentos relevantes para la investigación.

Cierre de establecimientos de restauración.

El juzgado de instrucción competente ordenó el cierre de los cuatro restaurantes que utilizó la organización criminal para llevar a cabo la operación.

Durante la explotación se detectaron 28 nuevas víctimas de la organización, lo que sumado a las 18 víctimas liberadas durante la investigación hace un total de 46 víctimas liberadas.

En el sistema participaron más de 180 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. De las 12 personas detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, 9 de ellas de El Vendrell (Tarragona), tres de ellas fueron condenadas a prisión.

Las víctimas ya han sido puestas en contacto con los servicios sociales para su protección.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Tarragona y de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación Documental (UCRIF) de la Policía Nacional.