Mientras el Gobierno de España debate la regulación de una ley anti desahucios que impida o dificulte que las familias arruinadas sean expulsadas de sus casas; los afectados no cesan de llamar la atención para que se resuelvan sus necesidades inmediatas.
En el barrio/poblado de la Cañada Real en Madrid llevan meses sin electricidad y están reclamando a las compañías distribuidoras, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, que les ofrezcan una alternativa. Pero en ninguno de los organismos han obtenido respuesta aún.
Además, hasta hace poco no había salido ni en las noticias, pese a que es una situación que llevan semanas denunciando. La exasperación de las familias deja al espectador descompuesto. Ya que a estas condiciones hay que sumarle la alarma sanitaria y las tremendas heladas de los duros meses de invierno que todavía quedan por delante.
El incendio de la nave abandonada en Badalona
Ojalá no tengamos que lamentar otra tragedia como la que ha ocurrido en Badalona. En la que centenares de personas sin hogar se refugiaban en una nave industrial que llevaba doce años abandonada. Tras el escándalo del incendio en esas instalaciones, que causó varias muertes y muchos heridos, las autoridades locales han decidido derrumbar lo que quedaba de los edificios “okupados” y enviar a sus “inquilinos” a otros espacios similares, pero sin solución definitiva.
Casos como estos se suceden a diario en todo el territorio nacional. Larvados conflictos que siguen omnipresentes en el debate público. Los juzgados no dan a basto y la gente angustiada ya no sabe a dónde acudir.
Desahucios express: La vivienda es un derecho de la constitución que no se cumple.
Aunque es uno de los artículos de la Carta Magna del 78, ningún Gobierno lo ha impulsado. ¿Dónde están las propuestas de los partidos autollamados “constitucionalistas”, en defensa de ese derecho teórico tan vital para España?
En la Unión Europea hay países, como Austria por ejemplo, que tienen leyes protectoras para que sus ciudadanos puedan acceder a una vivienda mucho más económica que los estándares comerciales. Aquí lo más parecido que ha habido fue: primero las leyes franquistas sobre las viviendas que promocionaba el Ministerio -como beneficio a sus millones de seguidores políticos-. Y las viviendas sociales; que han ido proporcionando los distintos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas desde la Transición democrática -muchas de las cuales han acabado absorbidas por fondos buitres, que se las apropiaron con el consentimiento de las Instituciones Públicas-.
El contubernio entre los bancos y las inmobiliarias transnacionales mantienen un oscurantismo vergonzante sobre estas operaciones de compraventa. La Coalición del Gobierno Central tiene intención de modificar la situación, pese a estar siendo torpedeada por los partidos conservadores. Quienes siguen encastillados en su postura tradicional de defender a los grandes propietarios; desoyen el clamor de la gente desahuciada -familias que no pueden seguir pagando sus hipotecas y marginados que campan por los CIEs y pisos ‘okupados’.
¿Qué pasará con los migrantes retenidos en Canarias?
Otro caso que pone los pelos de punta es el de los migrantes retenidos en los puertos canarios desde hace meses. Las islas temen convertirse en otra Lampedusa y solicitan que se les ofrezca una solución a largo plazo.
Los partidos progresistas apoyan al Gobierno canario en estas circunstancias y establecen el problema de las pateras como una prioridad. Habrá que esperar al desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado, a la política migratoria y no quitar ojo a las propuestas de la Vivienda Social.
Luis Lorenzo, ciudadano expectante sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en España.
Madrid, diciembre 2020.
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